Infinitos proyectos, dinero limitado

La incógnita se ha invertido: no dudamos si llegaremos, sino sobre en cuánto nos pasamos. Al lanzarse el plan de recuperación, la inquietud se cernía sobre si la economía española sería capaz de presentar suficientes proyectos, de buena calidad y en breve lapso de tiempo para acceder a las ayudas del Next Generation EU y programas adláteres. Hoy, las infinitas “manifestaciones de interés” de empresas y administ...

La incógnita se ha invertido: no dudamos si llegaremos, sino sobre en cuánto nos pasamos. Al lanzarse el plan de recuperación, la inquietud se cernía sobre si la economía española sería capaz de presentar suficientes proyectos, de buena calidad y en breve lapso de tiempo para acceder a las ayudas del Next Generation EU y programas adláteres. Hoy, las infinitas “manifestaciones de interés” de empresas y administraciones ya enviadas al Gobierno prefiguran que sus peticiones acaben desbordando ampliamente la cuantía de 72.700 millones en subvenciones europeas (ampliables hasta 83.200 millones) preasignados a España: una cantidad ingente, pero que con toda probabilidad será insuficiente para todos los demandantes.

Bastan unas muestras. Las empresas del Ibex tenían perfilados hace dos meses proyectos por un valor conjunto superior a 100.000 millones. Solo las energéticas diseñaron 400 proyectos e Industria recibía proyecciones de hasta 60.000 millones. La automoción planea invertir hasta 54.000 millones hasta 2040. La aeronáutica, 11.000 millones hasta 2026. Las constructoras, hasta 157.458 millones para 2030. Y otras cifras multimillonarias telecos, energéticas, sectores tecnológicos… Y las administraciones. Un botón: los 27 proyectos públicos y privados patrocinados por la Generalitat prevén aplicar 41.000 millones.

Claro que esa lluvia de cifras es una amalgama heterogénea e incompleta: hay protagonistas repetidos y horizontes temporales dispersos. Y además los fondos europeos solo cubrirán una porción de las inversiones: para algunos expertos, entre una tercera y una cuarta parte. Pero aun así, datos e indicios perfilan un desbordamiento de la convocatoria.

Más allá de lo cuantitativo, quizá el logro más relevante de la iniciativa pública europea, y de la convocatoria española, sea cualitativo. Al imán del apoyo público condicionado a revisar su propia estructura productiva orientándola a un futuro —ecológico, digital, social— distinto, el nivel de la respuesta empresarial —a la espera de datos oficiales, y a veces espoleada por gabinetes jurídicos y consultoras— está siendo contundente. Descontada la inevitable cuota de oportunistas, cazatalentos y funámbulos, muchas empresas (y organismos oficiales) han replanteado con seriedad sus modelos de negocio/servicio y sus planes estratégicos plurianuales. Han modulado sus vínculos con sus matrices y/o con sus filiales; han establecido nuevas alianzas intersectoriales (por ejemplo, entre industrias automotrices y energéticas). Han iniciado consorcios con el sector público y vínculos con otras compañías europeas. Han repensado su posición en el mercado, y para un mercado cambiante.

Inevitablemente, muchos de sus proyectos quedarán en el camino: o porque los hay mejores en el mismo sector, o porque son deficientes, o porque no habrá bastantes fondos. Hay que prever el rebote de frustración, y prepararse para hacerle frente. ¿Cómo? En cuanto a la financiación, los buenos proyectos viables deberían tener oportunidad, incluso aunque no fuesen los primerísimos. Una vez se agote la disposición de los subsidios quedaría el recurso a los préstamos baratísimos del Mecanismo de Estabilización o Mede (del que España podría absorber 24.000 millones de euros); los del programa InvestEU, el sucesor del Plan Juncker (que ha cofinanciado proyectos generadores de inversiones por 514.000 millones), y que aproximadamente lo repetirá hasta 2027; o, entre otros, los del Banco Europeo de Inversiones, que aún podrían multiplicarse. Eso valdría también para todos los proyectos —incluyendo de forma transitoria a los ganadores— si el episodio del bloqueo del Tribunal Constitucional alemán prolonga el retraso en la disponibilidad de los fondos Next Generation. Pero entonces quizá cabría combinarlos con un mayor endeudamiento directo de la Comisión, de forma similar al programa SURE, que respalda con 100.000 millones operaciones laborales como los ERTE.

En cuanto a la gobernanza, el rechazo de planes correctos inducirá críticas acerbas que entorpezcan el plan y tiendan a deslegitimarlo. Descartada la opción de una agencia independiente, la administración en solitario no se bastará para conjurar este peligro. Activar los foros de participación y grupos de alto nivel (previstos en el artículo 17 de la ley que regula los fondos), y su capacidad de efectuar “recomendaciones” es una opción útil. Para convencer a los segundones de que otros merecían el primer puesto. Objetivamente.