Vox se querella contra la SEPI por el rescate de Plus Ultra y el PP pide una investigación

El rescate de la aerolínea Plus Ultra por el Gobierno ha vuelto este miércoles al Congreso de los Diputados, donde el PP ha solicitado una comisión de investigación y Ciudadanos varias comparecencias, mientras que Vox ha anunciado la interposición de una querella contra el Gobierno, que sigue defendiendo que se trata de una empresa estratégica.

La formación de Santiago Abascal ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribu...

El rescate de la aerolínea Plus Ultra por el Gobierno ha vuelto este miércoles al Congreso de los Diputados, donde el PP ha solicitado una comisión de investigación y Ciudadanos varias comparecencias, mientras que Vox ha anunciado la interposición de una querella contra el Gobierno, que sigue defendiendo que se trata de una empresa estratégica.

La formación de Santiago Abascal ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el Consejo de Ministros y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y ve indicios también de un posible fraude fiscal y un entramado societario fraudulento, relacionado con empresarios venezolanos afines al régimen de Nicolás Maduro y ramificaciones en el paraíso fiscal de Panamá.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Congreso que su grupo parlamentario ha solicitado la creación de una comisión de investigación “para saber si el dinero puesto por el Estado español, que está pagando y avalando a esta aerolínea, va a acabar en las cuentas de Podemos”.

Ciudadanos, que previsiblemente apoyará la comisión que propone el PP, ha solicitado la comparecencia de los ministros de Economía, Hacienda y Transportes, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos, respectivamente, para que expliquen el criterio seguido para rescatar”a una empresa con “cuatro aviones, una única ruta aérea y no llega al 0,1 % de cuota de mercado”.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha vuelto a defender las ayudas y ha acusado al PP de “ensuciar” el nombre de Plus Ultra para conseguir un beneficio político, sin tener en cuenta que cumplía todos los requisitos para acceder al fondo de rescate. Ha añadido que “los supuestos amigos o las supuestas cuestiones” que tengan los accionistas de una empresa no es un “criterio de exclusión” para acceder a esas ayudas, ya que “no tienen objetividad en ningún texto legal”.

El Gobierno defiende que Plus Ultra cubre un nicho de mercado diferente al de otras competidoras del sector, es una empresa española y forma parte de uno de los sectores más afectados por la pandemia, el turismo. Además, España solo cuenta con 20 aerolíneas de licencia tipo A, que son esenciales para sostener el hub de Barajas, al que “no solo hay mantener en tamaño, sino aumentarlo para ganar en competitividad con países de nuestro entorno”, ha explicado la ministra.

Ábalos se defiende

Por su parte, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, negó este miércoles en Zaragoza haber encargado el informe que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo dependiente de su departamento,  ha emitido sobre la aerolínea Plus Ultra porque se hizo “a requerimiento de la SEPI, que es la que tiene que tomar esta decisión”.

Ábalos ha insistido en que, en dicho documento, la AESA señala que “sin financiación no hay seguridad aérea”, pero no habla de la capacidad financiera de la compañía, que será rescatada por el Gobierno, ni de su plan de viabilidad “porque no lo conoce”. El titular de Transportes señaló hace una semana que su Ministerio no había tenido nada que ver con el rescate de Plus Ultra, a diferencia de lo que ocurrió con Air Europa, donde si tuvo un papel determinante.

AESA también se ha pronunciado en la misma línea.  “La información remitida por AESA a petición de la SEPI se basa en los informes que realiza la Agencia en el marco de sus competencias, vinculado con la seguridad operacional de las compañías aéreas. AESA, que es un organismo independiente, lleva a cabo la evaluación permanente de la capacidad económica y financiera de los titulares de licencias de explotación concedida por la Autoridad Aeronáutica con el único objetivo de garantizar la seguridad aérea, en virtud de las competencias atribuidas por el Estatuto de la AESA, y en aplicación de lo establecido por el Parlamento Europeo y la normativa vigente”, señaló en un comunicado.

Ryanair no recurrirá

También ha terciado en la polémica Ryanair, que considera que Plus Ultra “no es una aerolínea estratégica” para el mercado español y que el fondo de ayudas gestionado por la SEPI es “discriminatorio”. Pero no recurrirá el rescate de la aerolínea ante la Justicia europea al no tratarse de un competidor directo, como Air Europa, cuyo rescate por 475 millones de euros fue recurrido por la aerolínea irlandesa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según anunció este miércoles el director de Marketing de la compañía de bajo coste, Dara Brady.

El directivo mostró su rechazo a que se ofrezcan ayudas públicas a “aerolíneas tan pequeñas” como los 53 millones concedidos a Plus Ultra, que representan “150.000 euros por empleado”, y cargó contra el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones y gestionado por la SEPI, porque discrimina a compañías como Ryanair, la que más pasajeros transporta en el mercado español, al estar solo disponible para aerolíneas con base en España.

Por otra parte, Ryanair recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que declara que los contratos de trabajo de más de 400 tripulantes de cabina con Crewlink y Workforce para prestar servicios para Ryanair constituyen una cesión ilegal de trabajadores, ya que el verdadero empresario es la aerolínea irlandesa, tras las demandas de Unión Sindical Obrera (USO) y del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla). Brady se quejó de que solo con estos sindicatos de tripulantes ha sido imposible alcanzar un acuerdo, como los que ha llegado durante la pandemia con otros representantes de los trabajadores, incluidos el sindicato de pilotos españoles Sepla.

La aerolínea de bajo coste anunció este miércoles su programación de verano en España, que incluye un total de 582 rutas, incluyendo 48 nuevas conexiones a destinos como Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Rumanía, entre otros, lo que supone más de 2.500 vuelos semanales.

La compañía espera que esta conectividad ayude a “impulsar el tráfico aéreo en España” mientras avance la vacunación y se eliminen las restricciones a los viajes en Europa. En total, la compañía tendrá disponibles diez bases en aeropuertos españoles, de los 25 en los que estará presente, y contará con 60 aviones basados en España.

De las 48 nuevas rutas, 10 son nacionales y unirán Alicante con Lanzarote, Ibiza, Menorca y Vitoria, y Palma con los aeropuertos de Tenerife Norte, Jerez y Zaragoza. Completan la lista Málaga-Menorca, Sevilla-Menorca y Valencia-Fuerteventura. Otras 14 conectarán diferentes puntos de la Península y las Islas con ciudades italianas (entre ellas, Barcelona-Milán Malpensa, Madrid-Brindisi, Madrid-Alghero, Menorca-Nápoles o Menorca-Bolonia), en tanto que ocho lo harán con el Reino Unido, tres con Marruecos y Francia, y dos con Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia. Junto a ellas se estrenarán las rutas Palma-Bucarest (Rumanía) y Barcelona-Odesa (Ucrania).