Ábalos rechaza imponer los límites al alquiler que le exige Podemos: : “Preferimos incentivar que penalizar”

El desencuentro entre las dos ramas del Gobierno sobre la regulación del alquiler se ha hecho este lunes más evidente. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que su partido prefiere “incentivar, no penalizar” a los arrendadores en la futura ley de vivienda. Con este rechazo a imponer límites a la subida del alquiler, Ábalos muestra a las claras el choque con sus socios de Gobierno de Unidas Pod...

El desencuentro entre las dos ramas del Gobierno sobre la regulación del alquiler se ha hecho este lunes más evidente. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que su partido prefiere “incentivar, no penalizar” a los arrendadores en la futura ley de vivienda. Con este rechazo a imponer límites a la subida del alquiler, Ábalos muestra a las claras el choque con sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, que reclaman forzar la congelación de precios o incluso bajadas en las viviendas con rentas más altas. “Nos parece importante sacar viviendas al mercado y que haya estímulos para que se saquen estas viviendas al mercado de alquiler; para esto entendemos que es preferible incentivar”, ha asegurado en una conferencia de prensa en Madrid tras la reunión de la Ejecutiva Federal de su partido.

El ministro sobre cuyo departamento recaen las competencias estatales en Vivienda también ha apuntado que hay contactos con el Ministerio de Hacienda “para poder instrumentar medidas fiscales” en la futura norma. Estas declaraciones públicas son la explicitación más clara hasta la fecha de que la parte socialista del Gobierno opta por la vía de los incentivos para regular los alquileres. Unidas Podemos, por su parte, quiere que la norma congele los precios actuales en las rentas que no rebasen la media del índice oficial de precios o los rebaje hasta esa media en el caso de los que estén por encima.

La comparecencia del ministro al mediodía ha motivado que ERC y Bildu, dos de los grupos parlamentarios que han apoyado algunas iniciativas del Gobierno y que se abstuvieron en la investidura de Pedro Sánchez, hayan solicitado la comparecencia de Ábalos en el Congreso. Los dos partidos soberanistas quieren que explique los planes para regular los arrendamientos y aseguran sentir “preocupación ante la necesidad de dar respuesta a la emergencia habitacional y el posible incumplimiento de los acuerdos alcanzados para limitar los precios de los alquileres”. Por parte de Unidas Podemos, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra (quien lleva el peso de las negociaciones de la futura ley en su partido) ha señalado en la red social Twitter que “lo pactado obliga”.

Ábalos ha destacado que ambas formaciones comparten “los mismos objetivos”, pero también ha dejado claro que hay “dos concepciones distintas” sobre la manera de intervenir en el mercado de arrendamientos. “Desde el PSOE creemos que es más positivo y más eficaz promover que no imponer”, ha reiterado, porque en este último caso “puede haber una detracción del mercado y que muchas de esas viviendas que podrían ir al alquiler acaben en el mercado de la compraventa”. “Estamos lógicamente a favor de evitar la especulación, de favorecer la función social de la vivienda, de conseguir un alquiler asequible”, ha continuado el ministro, “la cuestión es a través de qué herramientas y ahí está el debate”.

Retraso en la ley

El pasado octubre, en la negociación presupuestaria, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se comprometieron a que figurasen como coproponentes de la futura ley de vivienda, que será la primera norma estatal de este tipo en la Democracia, tanto el ministerio de Transportes (sobre el que formalmente recae la competencia) como la Vicepresidencia Segunda (encabezada por el propio Iglesias). Las negociaciones del texto han sido una continua fuente de conflictos entre los dos socios de Gobierno en el último mes, lo que ha impedido que este martes el Consejo de Ministros pueda dar luz verde a un borrador e iniciar su trámite parlamentario, como se habían comprometido (según el acuerdo inicial, ese plazo expiró ya en enero). Sobre ese retraso, Ábalos ha estimado que “si en 40 años no se ha hecho, tampoco hay por qué correr” puesto que “hace falta una ley, pero una buena ley”.

Tanto en el acuerdo para el Gobierno de coalición como en el presupuestario figuraba la cuestión de los alquileres. Unidas Podemos cree que la propuesta del PSOE no se ajusta a lo firmado. En el pacto de octubre se recogían dos fórmulas para regular los arrendamientos: “Mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios” y una contención de “subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior”. Los socialistas no cuestionan que la propuesta de Podemos se ajuste a ambos supuestos, pero sí tienen dudas sobre su encaje legal. Sin vincularlo en ningún momento con las propuestas de sus socios en el Ejecutivo, Ábalos ha señalado este lunes que el resultado de las negociaciones debe ser “una ley que respete lógicamente la constitucionalidad”.

El ministro de Transportes ha dicho que algunos “precedentes maximalistas ya han conseguido una oposición del Tribunal Constitucional”, en lo que parece una alusión a los dos decretos de vivienda de la Generalitat de Cataluña tumbados recientemente por ese tribunal, que también tiene pendiente ver la ley autonómica que limitó los alquileres en esa comunidad. Aunque los decretos se declararon inconstitucionales por una cuestión de forma (los jueces señalaban que no se podía legislar sobre esa materia por la vía de urgencia y en todo caso debía hacerse con una ley siguiendo el trámite parlamentario más garantista), la sentencia hacía referencias al derecho a la propiedad privada.

“Queremos una ley garantista, con valor jurídico, que no sea recurrible y que respete la expresión de todos los derechos que tiene nuestro Estado de derecho: el derecho a una vivienda y también el derecho a la propiedad privada”, ha dicho Ábalos, quien ha recordado que la ley, además de conciliar esos dos derechos, debe ser respetuosa con el marco competencial y tomar en cuenta “que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica”.