El Brexit y una ley de Franco complican la venta de viviendas a los británicos

Un kafkiano cóctel burocrático en el que se unen el Brexit y una ley dictada por Franco desde El Pardo en 1975 va a retrasar la venta de viviendas en la comarca de la Vega Baja, al sur de Alicante, a unos 800 británicos este año. La normativa, desarrollada posteriormente en el decreto 689/1978, firmado por el general Gutiérrez Mellado y aún vigente, exige un permiso especial del Ministerio de Defensa a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea (UE) que pretendan adquirir un inmueble en zonas próxim...

Un kafkiano cóctel burocrático en el que se unen el Brexit y una ley dictada por Franco desde El Pardo en 1975 va a retrasar la venta de viviendas en la comarca de la Vega Baja, al sur de Alicante, a unos 800 británicos este año. La normativa, desarrollada posteriormente en el decreto 689/1978, firmado por el general Gutiérrez Mellado y aún vigente, exige un permiso especial del Ministerio de Defensa a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea (UE) que pretendan adquirir un inmueble en zonas próximas a puntos estratégicos para la defensa del territorio. El proceso se dilata meses. Y municipios como Torrevieja, Orihuela Costa, San Miguel de Salinas o Pilar de la Horadada, todos con una nutrida presencia de residentes británicos, están afectados por la base naval de Cartagena, situada a unos 60 kilómetros.

La normativa atañe a unos 1.560 municipios de toda España, ya que también incluye los territorios del Estrecho de Gibraltar, la Bahía de Cádiz, la costa gallega y las fronteras con Francia y Portugal. Sin embargo, su incidencia tras el Brexit se dejará notar más en el sur de Alicante, “donde el porcentaje de compradores foráneos, y particularmente británicos, es el más alto de todos”, explica Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia). “En esa zona, el 80% de las compras de extranjeros son de ciudadanos británicos”, prosigue Ros. Lo que equivale a “unos 800 clientes al año” que, desde el pasado 1 de enero, se ven afectados por el Brexit.

La legislación señala que los futuros residentes deben solicitar el permiso de Defensa acompañado de una documentación que incluye “el certificado de penales de su país, con una traducción jurada, dos fotografías y una fotocopia compulsada del pasaporte”, entre otros papeles. “Es una ley dictada en un contexto de plena Guerra Fría”, cuando España aún no había ingresado ni en la UE ni en la OTAN, “y en el que tampoco existían tecnologías como Internet”, alega Ros. La petición se tramita a través de la capitanía general de Barcelona y “tarda entre cuatro y seis meses”, asevera. Sin embargo, “las 150 peticiones anuales procedentes solo de la provincia de Alicante”, indica, “se van a multiplicar por cinco o seis”. Una avalancha de expedientes que, en su opinión, puede alargar los trámites hasta un año.

Ros subraya que esta demora afecta a todos los procesos incluidos en una venta de inmuebles. “Un notario no puede escriturar una vivienda a un extranjero sin esa documentación”, sostiene. “No se puede tampoco pedir un préstamo, ya que los bancos desconocen cuál será el tipo de interés vigente cuando se resuelva el trámite, y ni siquiera se puede tasar la vivienda”. “Es absurdo”, califica el responsable de Provia. “No solo genera gran frustración tanto en el vendedor como en el comprador”, incide, “también afecta a la imagen de España como país receptor de residentes”.

Esta situación preocupa a los promotores desde hace años. “En 2012 elaboramos un informe completo que hemos planteado a los diferentes Gobiernos centrales, así como al autonómico”, dice Ros. Proponen alternativas como “el silencio positivo o la declaración responsable” para paliar la obligatoriedad de un decreto predemocrático y “simplificar los procesos de tramitación”. También señala el secretario general de Provia que “existen formas más actualizadas para obtener los datos que se solicitan y se tendría información mucho más completa y útil que la que solicitan”, como la normativa sobre blanqueo de capitales que han de cumplir las entidades financieras o los fedatarios públicos.