Un juzgado admite ampliar la demanda a Meliá por explotar hoteles en Cuba
La familia Sánchez Hill pleitea desde hace dos años para obtener una compensación por la explotación de dos hoteles en terrenos que les fueron expropiados
El juzgado de instrucción número 24 de Palma ha admitido la ampliación contra la República de Cuba de la demanda que la familia Sánchez Hill, a través de la empresa Central Santa Lucía, interpuso contra el grupo hotelero Meliá International S.A. por la explotación de dos hoteles ubicados en unos terrenos de Playa Esmeralda que les fueron expropiados por el régimen de Fidel Castro. La jueza titular ha comunicado la existencia del procedimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pa...
El juzgado de instrucción número 24 de Palma ha admitido la ampliación contra la República de Cuba de la demanda que la familia Sánchez Hill, a través de la empresa Central Santa Lucía, interpuso contra el grupo hotelero Meliá International S.A. por la explotación de dos hoteles ubicados en unos terrenos de Playa Esmeralda que les fueron expropiados por el régimen de Fidel Castro. La jueza titular ha comunicado la existencia del procedimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para que emita un informe, según se prevé en el artículo 27.2 de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil.
La decisión de admitir la ampliación de la demanda contra el estado de Cuba y la empresa pública Gaviota S.A., propietaria de los terrenos e inmuebles en litigio, surge tras considerar la jueza que el procedimiento no podría resolverse sin llamar al titular de los derechos de propiedad que serán objeto de la impugnación. “La resolución del pleito presentado afectará de manera directa los intereses del estado de Cuba y de la sociedad Gaviota S.A. como actual titular de los terrenos de Playa Esmeralda” afirma la magistrada en una interlocutoria.
La jueza sostiene que la parte demandante fundamenta su reclamación en la atribución de un derecho real sobre unos terrenos “que resulta contradictorio y totalmente incompatible” con el título de dominio que Cuba ostenta sobre dichos terrenos. Por todo ello considera en su dictamen que la tramitación del procedimiento contra la hotelera española no puede continuar sin que sean llamadas como parte demandada tanto el estado de Cuba como la empresa Gaviota S.A., de propiedad estatal.
La familia de exiliados cubanos Sánchez Hill acusa a Meliá de enriquecerse con la explotación de los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, situados en la zona de Playa Esmeralda, al noroeste de Cuba, debido a que los dos resorts de lujo se construyeron en los terrenos de una antigua hacienda azucarera que perteneció a la familia hasta 1960. En su demanda, los descendientes de la familia acusaban a Meliá de obtener un enriquecimiento con causa ilícita durante todo el tiempo que ha durado la actividad hotelera en los terrenos, y pedían que estos fueran considerados como frutos derivados de una posesión ejercitada con mala fe.
La jueza recuerda en el dictamen que una de las condiciones básicas para que la demanda de la familia prospere es la declaración previa de la ilicitud del título de propiedad que el estado de Cuba tiene sobre los terrenos de Playa Esmeralda. Solo la ilicitud de este título puede provocar la consideración de que los beneficios que Meliá obtiene por la explotación de estos terrenos son constitutivos de un enriquecimiento injusto. La familia reclama una cantidad equivalente a los beneficios económicos obtenidos durante los últimos cinco años. La demanda fue presentada en los juzgados de Palma porque es la ciudad en la que la cadena hotelera tiene fijada su sede.
La demanda de la familia fue desestimada en septiembre de 2019 cuando la jueza declaró la falta de jurisdicción y de competencia internacional de los tribunales españoles para decidir sobre el asunto. Sin embargo, la familia Sánchez Hill recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Palma y en marzo de 2020 el tribunal revocó el dictamen y declaró la jurisdicción y competencia internacional del juzgado de primera instancia 24 de la capital balear para decidir sobre el procedimiento.
La hotelera mallorquina siempre ha sospechado que el pleito de la familia cubana ha sido un paso previo a una reclamación formal en Estados Unidos al amparo de la ley Helms-Burton, reactivada en ese país bajo el mandato de Donald Trump y que abrió la puerta a que particulares y empresas del país reclamen una indemnización por los bienes que les fueron confiscados durante el castrismo. Las cadenas hoteleras mallorquinas Meliá e Iberostar son las dos más afectadas por el endurecimiento del embargo al país caribeño por parte del gobierno de Donald Trump, ya que son las que más complejos explotan en Cuba.
De hecho, desde el 25 de noviembre de 2019 el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, tiene prohibida la entrada al país después de que el Departamento de Estado le instara en octubre de ese año a compensar a los Sánchez Hill por la explotación de los dos hoteles en estos terrenos bajo amenaza de prohibirle la entrada al país en un plazo de 45 días. En un comunicado, la multinacional turística recordó que el cumplimiento de las exigencias de Estados Unidos es contrario a la normativa europea, que considera que la Ley Helms- Burton infringe los más elementales principios de derecho internacional y aseguró que más de medio centenar de empresas con intereses en Cuba habían recibido estas misivas.
La reactivación de los títulos más controvertidos de la Ley Helms-Burton por parte del Gobierno estadounidense abrió la puerta a una avalancha de reclamaciones contra empresas con actividades en la isla caribeña en los tribunales de justicia norteamericanos. En mayo de 2019 la familia Mata, también de origen cubano, presentó en la corte federal del distrito sur de Florida una demanda colectiva contra varias empresas turísticas del Gobierno de la isla, en la que reclamaron una indemnización millonaria por el uso del hotel San Carlos, ahora explotado por Meliá y otra cadena cubana. El complejo fue expropiado a la familia en 1962 y ahora los descendientes exigen una indemnización por esta confiscación.