Las empresas no podrán cortar los suministros de agua, luz y gas a hogares vulnerables aunque no tengan contrato

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al decreto que suspenderá desahucios de inquilinos vulnerables e impedirá cortar los suministros básicos (agua, luz y gas) a los consumidores con graves dificultades económicas. La nueva norma busca “proteger a las personas y familias más vulnerables, pero proteger también los derechos de terceros, como son los arrendadores”, ha defendido el ministro de Transportes, Movilidad y ...

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al decreto que suspenderá desahucios de inquilinos vulnerables e impedirá cortar los suministros básicos (agua, luz y gas) a los consumidores con graves dificultades económicas. La nueva norma busca “proteger a las personas y familias más vulnerables, pero proteger también los derechos de terceros, como son los arrendadores”, ha defendido el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y estará vigente hasta la finalización del estado de alarma (prevista el próximo 9 de mayo). “Es una normativa que no legitima ninguna ocupación de vivienda” y que “distingue perfectamente las casuísticas”, ha añadido el ministro en alusión al hecho de que la prohibición de desalojar se extienda a algunos hogares que ocupan viviendas en precario, es decir, sin contrato de arrendamiento.

Finalmente, y tras un debate de semanas en el Gobierno de coalición, esta última posibilidad se aplicará solo, como ha confirmado Ábalos, en casos de dependencia, menores a cargo o víctimas de violencia de género y siempre que el propietario del inmueble ocupado sea un gran tenedor (el que tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo viviendas y garajes). Según ha explicado el titular de Transportes, donde recaen también las competencias estatales de Vivienda, en todos los casos serán los afectados por la petición de desahucio quienes deberán solicitar la paralización del proceso de lanzamiento. En atención a esa petición, el juez deberá solicitar un informe de los servicios sociales que además de acreditar la vulnerabilidad del inquilino (un requisito fundamental) propondrán medidas para que no se queden en la calle.

“Las comunidades autónomas deben proveer alternativas habitacionales: si estas se resuelven favorablemente el tema se habrá resuelto y, en caso de que no pudiera resolverse, el propietario tendrá derecho a una compensación”, ha explicado Ábalos. Como adelantó EL PAÍS, dichas compensaciones se harán a petición del propietario, siempre que pasen más de tres meses desde que solicita el desalojo y hasta que las administraciones ofrecen una solución. Se calcularán con el índice de referencia de precios de alquiler.

Prohibición de corte de suministros

La negociación para extender la actual legislación contra los desahucios (ahora solo se contemplaba la vulnerabilidad sobrevenida por covid-19 y hasta el 31 de enero) ha llevado semanas en las que han saltado chispas entre la parte socialista del Gobierno (representada en la negociación por Transportes, pero también por Economía o Justicia) y la de Unidas Podemos (a través de la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales). Finalmente se ha llegado a un acuerdo y se ha logrado también introducir otra de las exigencias de la formación de Pablo Iglesias: la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables.

La fórmula que se ha encontrado (en este caso tras una negociación con Transición Ecológica) es la de impedir que las compañías eléctricas, gasísticas y de agua corten el suministro a consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social. Estas situaciones están acreditadas mediante la percepción del bono social eléctrico. Bastará con presentar una factura en la que se reconozca que se es perceptor del bono eléctrico para que opere esa prohibición.

Pero a este tipo de hogares se añade otro supuesto. Se trata, según ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de “familias que presenten un grado de vulnerabilidad equivalente, pero que no hayan tenido todavía el reconocimiento del bono eléctrico por no ser titulares del contrato”. Es decir, que cuando los servicios sociales acrediten que una familia, aunque no tenga un contrato con la compañía de suministros, se encuentra en situación análoga a la que le permitiría percibir el bono eléctrico, también se prohibirá el corte de luz, agua o gas en ese hogar.

Iglesias: “No es la panacea”

En paralelo a la rueda de prensa del Consejo de Ministros —en la que han comparecido tres ministros del PSOE, ya que junto a Ábalos y Montero estaba la vicepresidenta primera, Carmen Calvo— el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha publicado un vídeo en las redes sociales para valorar la medida. “Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando, pero creo que es una muy buena noticia porque va a ayudar a muchas familias a pasar este invierno de este año tan duro y tan difícil en condiciones de seguridad y dignidad”, ha asegurado.

Fue el propio Iglesias el que a finales de noviembre anunció que habría un decreto antidesahucios en “dos semanas”, algo que luego las discrepancias entre su departamento y la parte socialista del Gobierno impidió. Iglesias, sin embargo, no alude en el vídeo a esas tensiones, como tampoco cita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el que se ha encargado de proponer la norma a través de la Secretaría de Agenda Urbana y Vivienda. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ábalos sí ha agradecido a esa secretaría que recae en su ministerio, así como a las diferentes vicepresidencias y al Ministerio de Justicia, que han participado en los debates para perfilar el texto.

Quejas de los arrendadores

La nueva normativa, que entrará en vigor cuando se publique en el BOE (lo que se prevé antes de Nochebuena), no ha gustado sin embargo a algunas compañías y asociaciones del sector del alquiler. Asval (Asociación de propietarios de viviendas en alquiler) ha criticado duramente la medida, que considera que provocará una oleada de reclamaciones judiciales. Esta organización que representa más de 37.000 pisos en arrendamiento (la mayoría de grandes propietarios como empresas o fondos, aunque también hay particulares) también cree que el decreto fomenta la ocupación ilegal pese que los supuestos de personas que ocupan viviendas sin contrato solo se aplica para situaciones previas. “A los jueces les será difícil dirimir si esa ocupación se produjo antes o después de la entrada en vigor del decreto”, señala Beatriz Toribio, directora general, en un comunicado remitido a los medios. Por ello, estima que el texto lesiona la imagen de España en el exterior y “provoca desequilibrios en el mercado y acceso a la vivienda”.

“Que este último Decreto Ley tenga en cuenta a propietarios afectados entendemos que es una importante rectificación del Gobierno, que aplaudimos”, ha indicado por su parte en otro comunicado José Ramón Zurdo, de la Agencia Negociadora del Alquiler. No obstante, para el director general de esta compañía que se dedica a la mediación entre propietarios e inquilinos, las medidas “llegan tarde y mal”. Zurdo critica que las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno llegan cuando algunos arrendadores “llevan más de nueve meses de impagos” y, además, “tendrán que soportar ahora tres meses o más de morosidad hasta que puedan ser compensados”. Desde el pasado 31 de marzo ya opera una moratoria sobre desahucios si el inquilino acredita (por verse afectado por un ERE, ERTE, reducción de jornada para cuidados o disminución significativa de ingresos) una vulnerabilidad a raíz del inicio de la pandemia. Esta circunstancia puede llevar al juez a suspender el lanzamiento (salvo que el propietario también acredite su vulnerabilidad) y, hasta ahora, no se ofrecía ninguna compensación.

Por su parte, la asociación de consumidores Facua, que ha mostrado su “satisfacción” por la aprobación del decreto. La organización ha recordado que llevaba desde el 30 de septiembre (cuando acabó una moratoria aprobada en marzo) reclamando la prohibición de cortar suministros básicos en hogares vulnerables. Por eso ha valorado positivamente el paso dado por el Gobierno: “Se trata de una decisión de gran calado que protegerá a multitud de familias que lo están pasando extraordinariamente mal”, señalan en otro comunicado publicado este martes.