La CNMC investiga a la Asamblea Nacional Catalana por alentar el boicot a empresas no afines al independentismo
El organismo abre expediente sancionador por posibles prácticas desleales con la campaña Consumo Estratégico
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado este lunes un expediente sancionador contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal entidad independentista de Cataluña, por posibles prácticas desleales que distorsionan gravemente la competencia en el mercado. Tales prácticas, que podrían ser contrarias al artículo 3 de la ley de la competencia, tienen que ver con la puesta en marcha en 2018 de la campaña Consumo Estratégico, dirigida a que consumidores y empresas catalanes se abstuvieran de comprar productos o servicios ofrecidos por determinadas empresas del ...
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado este lunes un expediente sancionador contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal entidad independentista de Cataluña, por posibles prácticas desleales que distorsionan gravemente la competencia en el mercado. Tales prácticas, que podrían ser contrarias al artículo 3 de la ley de la competencia, tienen que ver con la puesta en marcha en 2018 de la campaña Consumo Estratégico, dirigida a que consumidores y empresas catalanes se abstuvieran de comprar productos o servicios ofrecidos por determinadas empresas del resto de España y no comprometidas con el procés.
Esa campaña de boicot se fundamentaría en motivos ajenos a la competencia basada en los propios méritos, y podría distorsionar el comportamiento económico de los consumidores y la estructura competitiva del mercado, afirma la CNMC.
El organismo regulador inició la investigación tras la denuncia presentada por Fomento del Trabajo Nacional, la principal patronal de Cataluña, y después de que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del pasado 22 de octubre, determinase que la CNMC tenía la competencia.
Según la propia ANC, la campaña consistía en “la promoción del consumo de empresas responsables y respetuosas con la vida política y social” y hacía hincapié en que mostraran “respeto y/o la promoción de la lengua catalana como parte inseparable de la realidad de nuestro país”.
Tras la denuncia de la patronal, un juzgado de Barcelona calificó la iniciativa de “boicot” y la paralizó. La CNMC abre ahora un periodo máximo de 18 meses para resolver el expediente.