Alcoa anuncia el despido de 524 trabajadores de San Cibrao sin esperar al plan de la Xunta y del Gobierno

Finalmente hay una respuesta. Alcoa ha concretado este viernes el despido masivo que desde mayo sobrevolaba la planta de aluminio primario de San Cibrao, en la localidad lucense de Cervo. Los contactos con los empleados, el Gobierno y la Xunta han durado más de cuatro meses, pero no han conseguido doblegar a la empresa y asegurar la venta al grupo británico GFG Alliance, que presentó un plan industrial de 20 años para la fábrica. La estadounidense baja la persiana de su última nave de producción de aluminio primario en España ante las acusaciones de “mala fe” desde los Ejecutivos central y aut...

Finalmente hay una respuesta. Alcoa ha concretado este viernes el despido masivo que desde mayo sobrevolaba la planta de aluminio primario de San Cibrao, en la localidad lucense de Cervo. Los contactos con los empleados, el Gobierno y la Xunta han durado más de cuatro meses, pero no han conseguido doblegar a la empresa y asegurar la venta al grupo británico GFG Alliance, que presentó un plan industrial de 20 años para la fábrica. La estadounidense baja la persiana de su última nave de producción de aluminio primario en España ante las acusaciones de “mala fe” desde los Ejecutivos central y autonómico, que ya habían advertido de la posibilidad de intervenir la empresa. El Ministerio de Industria y el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoó, han responsabilizado a la compañía del fracaso en la venta y han mostrado su apoyo a los trabajadores, que solicitarán medidas cautelarísimas ante un juzgado.

El despido masivo afectará a 524 trabajadores de la planta de aluminio primario. La empresa mantendrá a los 99 empleados restantes operando una parte de la fundición del metal, mientras lleva adelante el apagado de las cubas donde se produce. Esto preocupa a los sindicatos, más allá del despido masivo. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha reclamado desde el inicio de las negociaciones que se mantengan siempre activas. Apagarlas significaría el fin de la planta debido a los costes y la complejidad de ponerlas en marcha nuevamente. Los trabajadores han reclamado la intervención del Estado desde la ruptura de las negociaciones. Un clamor respaldado por las Administraciones locales, comerciantes y vecinos de la comarca lucense de A Mariña, con una economía muy dependiente de la fábrica, que representa una tercera parte del PIB de la provincia.

La empresa lleva advirtiendo de que la situación de la planta es insostenible desde hace varios años. Los empleados y la firma han reclamado desde 2012 una mejora en los altos costes energéticos para las compañías electrointensivas en España. Este reclamo perdió peso con la oferta de Liberty House, interesada en mantener la producción a pesar de los elevados gastos. Sin embargo, las empresas no lograron alcanzar un acuerdo para el traspaso en las seis semanas que duró la negociación. El Gobierno respondió al desacuerdo entre las firmas con la propuesta de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comprara la fábrica para asumir las conversaciones con GFG Alliance, algo que la estadounidense rechazó. El secretario de Industria, Raúl Blanco, advirtió de que con eso se abrió un “escenario menos amistoso”.

La posición de las Administraciones se había hecho clara durante la semana previa a la declaración del despido masivo. El Ministerio de Industria envió este lunes un requerimiento a la empresa para verificar que cumple con las condiciones para recibir las ayudas por CO₂ correspondientes a 2019. El martes, durante una comparecencia en el Senado, la ministra de Industria, Reyes Maroto, acusó a la empresa de bloquear las negociaciones y afirmó que el Gobierno analizaba todas las posibilidades jurídicas para garantizar el futuro de la planta. El jueves, el ministerio solicitó a la Abogacía del Estado un informe que analice las posibilidades de intervención.

La Xunta también se ha mostrado favorable a que el Estado tome el control de la planta. El pasado miércoles, el presidente Alberto Núñez Feijoó aseguró ante el Parlamento regional que solicitaría la intervención del Gobierno central en caso de que la empresa anunciara el despido masivo. Este viernes, el Gobierno autonómico ha emitido un comunicado —minutos antes del anuncio de Alcoa— en el que advertía a la empresa de que infringió el “deber de buena fe contractual” durante el proceso de despido masivo. Según relatan fuentes de la Consejería de Trabajo a Europa Press, la compañía presentó varias veces documentación en inglés y no frenó el proceso durante el estado de alarma, como pidió la autoridad laboral.