Siete patronales de ingeniería demandan a Ineco por competencia desleal
Las asociaciones denuncian que la empresa, dependiente del Ministerio de Transportes, recibe un trato privilegiado en la contratación de compañías públicas
Siete patronales de la ingeniería de consulta han presentado una denuncia contra la empresa pública Ineco ante los juzgados de lo mercantil por competencia desleal. Esta denuncia es continuación de la que en enero de 2018 pusieron ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que, según fuentes de su entorno, todavía se encuentra al trámite. Las patronales se quejan de que Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, ha recibido trato privilegiado en la cont...
Siete patronales de la ingeniería de consulta han presentado una denuncia contra la empresa pública Ineco ante los juzgados de lo mercantil por competencia desleal. Esta denuncia es continuación de la que en enero de 2018 pusieron ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que, según fuentes de su entorno, todavía se encuentra al trámite. Las patronales se quejan de que Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, ha recibido trato privilegiado en la contratación pública perjudicando al resto del sector, sobre todo a las pymes que no pueden compensar su facturación con contratos en el exterior.
A juicio de las demandantes, “la actividad de Ineco reduce significativamente el tamaño del mercado disponible para las empresas privadas”. En ese sentido, señalan que la “jibarización viene producida por los continuos y cuantiosos encargos que recibe de sus accionistas: ENAIRE, ADIF, ADIF-Alta Velocidad y RENFE, y de otras empresas públicas como AENA, para compensar su actividad internacional, limitada por Ley al 20%”.
Fuentes patronales revelan que esta es la segunda vía de un total de tres planificadas. De tal forma, que una vez interpuesta una denuncia ante la CNMC y esta demanda por competencia desleal, presentada el pasado mes de mayo, el siguiente paso será acudir a la Comisión Europea al objeto de que se investiguen posibles ayudas de Estado.
Las patronales aseguran que son conocedoras de que se trata de una acción costosa y de largo plazo. Los primeros requerimientos ante la CNMC comenzaron en 2015 y se ha tenido que contratar a un despacho jurídico especializado en derecho administrativo y de la competencia, pero “confían en que tanto las autoridades de competencia como las judiciales detendrán los encargos masivos a la empresa pública por parte de las entidades dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reequilibrando el mercado”.
La demanda por competencia desleal ante el juzgado de lo mercantil de Madrid, se basa en la “violación de normas” tipificada en la Ley de Competencia Desleal y persigue un doble efecto: que cesen los encargos y que Ineco pierda la condición de medio propio (es decir, que se pueda contratar sin sacarlo a concurso) o que, en caso de estimación, se calcula que podría incrementar el mercado privado de ingeniería en España en más de 150 millones de euros anuales.
El escrito de demanda se complementa con un informe pericial que audita las cuentas de Ineco, prestando especial atención a sus criterios contables de imputación de horas para justificar su actividad internacional, que debe estar limitada al 20% del total, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, según los demandantes. “Debe notarse que la decidida internacionalización de la empresa pública española, presente en 53 países de los cinco continentes, debilita al sector privado, ya que captura cuota del mercado nacional hasta compensar el 80%”, subrayan las patronales.
“Adicionalmente”, añaden que “Ineco recibe encargos que se abonan según tarifa mientras que las empresas privadas compiten económicamente a la baja sobre unos precios de salida que de por sí son inferiores a la tarifa de Ineco”. El efecto, a su juicio, es doblemente pernicioso para España, ya que encarga a un precio superior al de mercado y debilita un sector estratégico basado en el conocimiento.Las asociaciones demandantes son la andaluza, gallega, castellano-leonesa, aragonesa, catalana, valenciana, además de la Asociación de Empresas de Consultoría e Ingeniería Independientes de Infraestructuras, Arquitectura, Instalaciones, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías.