Los grandes propietarios de centros comerciales piden al Gobierno que les deje abrir en la fase 1 de desescalada

Doce compañías propietarias de centros comerciales en España han solicitado este viernes al Gobierno que se les permita abrir en la fase 1 de la desescalada, y no en la fase 2 como está previsto hasta ahora. En un comunicado conjunto, las empresas alegan que sus instalaciones están preparadas para cumplir con los requisitos de seguridad y denuncian el “agravio” frente a los comercios ubicados a pie de calle, que sí podrán abrir el lunes en aquellos territorios que superen la fase 0 del desconfinamiento.

Los locales de centros comerciales, argumentan, “cumplen con las medidas de segurida...

Doce compañías propietarias de centros comerciales en España han solicitado este viernes al Gobierno que se les permita abrir en la fase 1 de la desescalada, y no en la fase 2 como está previsto hasta ahora. En un comunicado conjunto, las empresas alegan que sus instalaciones están preparadas para cumplir con los requisitos de seguridad y denuncian el “agravio” frente a los comercios ubicados a pie de calle, que sí podrán abrir el lunes en aquellos territorios que superen la fase 0 del desconfinamiento.

Los locales de centros comerciales, argumentan, “cumplen con las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento social exigidas” y además “poseen recursos propios adicionales para la vigilancia de recintos y el control de accesos”. Como prueba de ello, señalan que sus espacios se han mantenido abiertos durante todo el estado de alarma para los clientes de sus supermercados, farmacias y otras tiendas de productos de primera necesidad. En ese periodo han probado ya reducciones de aforo y otras medidas de higiene y seguridad. Además, creen que su modelo tiene ventajas frente al comercio de calle, como las “amplias dimensiones” que “permiten que el cumplimiento de las medidas de distanciamiento recomendadas pueda aplicarse con igual o mayor garantía que en otros espacios”.

“Discriminar a los centros comerciales provoca concentración en comercios a pie de calle”, señala el comunicado, que argumenta que “a mayor superficie disponible, más fácil es garantizar el distanciamiento social”. Por último, recuerdan que la afluencia a sus instalaciones se realiza mayoritariamente por medios de transporte privados y hacen una mención específica a los centros comerciales que se encuentran al aire libre. Estos tienen unas características “similares a las de los establecimientos a pie de calle”, por lo que consideran que se les está impidiendo la apertura “sin ninguna justificación sanitaria”.

Entre las doce compañías firmantes se encuentran gigantes del sector en España, como las socimis Merlin Properties o Lar España, e internacionales, como Unibail Rodamco Westfield o Klépierre. Conjuntamente poseen más de 150 centros comerciales en todo el país. Son las mismas (con la incorporación de la firma de origen portugués Sonae Sierra) que al principio de la crisis sanitaria ya propusieron la apertura de todos los domingos y festivos de 2020 y 2021 para compensar sus pérdidas y un periodo especial de ventas sin IVA.

Sobre esta nueva propuesta, recuerdan que va en la línea de lo que ya han pedido otras organizaciones sectoriales, en las que citan a Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), AECC (Asociación Española de Centros Comerciales), Aecoc (que agrupa a fabricantes y distribución), Acotex (sector textil) y Marcas de Restauración (que agrupa a las principales cadenas de hostelería).

Según el comunicado, el 85% de los locales de centros comerciales son pequeños comercios y mayoritariamente están en manos de pequeños autónomos o pymes. El comercio minorista, añaden, es uno de los más impactados por la crisis del coronavirus y en España da empleo a 1,8 millones de personas a través de medio millón de empresas. Respecto al segmento que representan los firmantes, suma 740.000 empleos entre directos e indirectos. Por ello piden adelantar al próximo lunes su reactivación, que de esperar a la fase 2 como está previsto, no podría comenzar al menos hasta el 25 de mayo. Ello, estiman, “ocasionaría un impacto económico grave a propietarios y arrendatarios que se sumaría al registrado durante el confinamiento y representaría un agravio comparativo respecto de los locales y establecimientos ubicados a pie de calle”.

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