La Audiencia Nacional tumba el ERE de Ryanair en España que le permitió cerrar tres bases en Canarias y otra en Girona

La aerolínea irlandesas recurrirá a los tribunales las ayudas públicas que den los países a sus compañías nacionales

Concentración de trabajadores de Ryanair en la huelga de septiembre de 2019. DAVID G. FOLGUEIRAS

La Audiencia Nacional ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por los sindicatos USO, SICTPLA y SEPLA contra el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Ryanair a comienzos de este año a 224 trabajadores de sus bases de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Girona, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

El fallo declara nulo el despido colectivo promovido por Ryanair y le obliga a readmitir a los trabajadores de forma inmediata “en el trabajo efectivo de su empres...

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La Audiencia Nacional ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por los sindicatos USO, SICTPLA y SEPLA contra el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Ryanair a comienzos de este año a 224 trabajadores de sus bases de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Girona, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

El fallo declara nulo el despido colectivo promovido por Ryanair y le obliga a readmitir a los trabajadores de forma inmediata “en el trabajo efectivo de su empresa, en las mismas condiciones de trabajo en que venían desempeñando sus servicios antes del despido colectivo y con abono inmediato de los salarios dejados de percibir desde la extinción del contrato”.

La Audiencia Nacional rechaza con rotundidad todos los argumentos dados por la aerolínea irlandesa para justificar lo despidos afirmando que “se colige con claridad que en modo alguno se justificaba que el retraso en la entrega de los aviones Bonig 737 Max, ni el Brexit, ni la estacionalidad de la base de Girona, pudiesen operar como causa organizativa o productiva que justificase el cierre de las cuatro bases”.

Asimismo, da un varapalo a la actuación de la empresa tanto en el acto de conciliación como en las pruebas presentadas durante el juicio. A este respecto, el fallo señala que no se puede dar credibilidad alguna a cuanto se contiene en el informe técnico que se adjuntó en el periodo de consultas, ni al informe pericial complementario del mismo que presentado en el acto del juicio, “por cuanto que ni siquiera consta la titulación profesional de su autora, ni se adjunta documentación objetiva alguna que sirva para constatar sus datos los cuales, en la mayoría de los casos se fundan en cuanto se informó por la propia empresa que encargó el mismo”.

La empresa tampoco acreditó los datos relativos a los salarios anuales de los trabajadores afectados por el despido colectivo, y por los miembros de las comisiones negociadoras “por cuanto que se trata de documentación elaborada por la propia demandada, no reconocida ni contrastada por medio de prueba alguno, sin que puedan ser tenido por tal los testigos propuestos por la empresa que al contestar las preguntas generales de la ley han manifestado su interés personal en que la misma obtenga una sentencia de contenido favorable”.

La Audiencia resalta que la empresa no quiso abordar un período de consultas conforme al artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores” y aprecia “mala fe, fraude, coacción y abuso de derecho en el proceder patronal”.

Ryanair anunció a finales de 2019 un ERE en España debido a su decisión de cerrar las bases de Girona, Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria, alegando la repercusión en su operativa del retraso en las entregas de los Boeing 737-MAX, la ineficiencia de las tres bases insulares, el elevado coste de operaciones y la incertidumbre ante el Brexit y su impacto en Canarias. También adujo que la disminución de la demanda en el aeropuerto de Girona durante la temporada de invierno obligaba al cierre de esta base.

El ERE afectaba inicialmente a 512 personas pero luego se rebajó a 224. Además, en el caso de Girona, hubo un centenar de empleados que admitieron una rebaja sustancial de las condiciones laborales a cambio de mantener el empleo y de que la base no cerrara.

Actualmente, la compañía ha suspendido todos sus vuelos y aplicado un expediente de regulación temporal (ERTE) al 100% de la plantilla hasta mayo, aunque prolongable a junio, como consecuencia del parón por el coronavirus.

Reacción sindical

El secretario general de USO en Ryanair, Gustavo Silva, y también afectado por este ERE, ha señalado que la Audiencia Nacional ha sido “durísima en su sentencia contra una empresa que siempre se ha valido de coacciones y amenazas a su plantilla” y que “ha desdeñado las leyes y todas las autoridades españolas”.

La vista, celebrada el 10 de marzo, tuvo una duración de casi siete horas y en ella “quedaba acreditado” que las pruebas de que las causas productivas y organizativas en las que Ryanair basaba su decisión de presentar el ERE “no estaban justificadas» y «algunas, de hecho, eran inexistentes”, recalca el sindicato.

Recurso contra las ayudas

Por otra parte, el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha advertido a la Unión Europea de que podría recurrir a los tribunales para impedir que Francia y otros países rescaten a sus aerolíneas de bandera ante el impacto del coronavirus. En una carta a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, O’Leary ha avisado de que denunciará que estos países “regalen selectivamente miles de millones de euros a sus ineficientes compañías de bandera”.

O'Leary ha asegurado en la misiva enviada el 9 de abril a la que ha tenido acceso Bloomberg que la UE se vería "obligada a dar un vergonzoso giro de 180 grados" en las ayudas estatales si Ryanair gana una impugnación legal.

Francia y los Países Bajos están preparando un paquete de rescate para Air France-KLM, mientras que Deutsche Lufthansa AG ha discutido ayudas con Alemania e Italia ya ha salido al rescate de Alitalia.

Los programas nacionales deberían ser modificados para que Ryanair pueda obtener una parte de los paquetes de rescate asegurándose de que las garantías de préstamo y otros beneficios estén disponibles para “todas las aerolíneas de la UE en proporción a su participación en el tráfico de un país en particular”, ha señalado O’Leary.

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