La banca se juega 3.000 millones por el cobro abusivo de hipotecas

Los bancos vuelven a su peor pesadilla: la incertidumbre que supone estar esperando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en ocasiones anteriores ha golpeado con fuerza a las cuentas de resultados, como sucedió con las cláusulas suelo. En este caso, ocho bancos se juegan tener que revisar el IRPH, el índice con el que todavía hoy cobran hipotecas por valor de 16.220 millones. El alto tribunal de la UE tendrá que decidir si se comercializaron incorrectamente, por lo que los bancos deberían devolver...

Los bancos vuelven a su peor pesadilla: la incertidumbre que supone estar esperando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en ocasiones anteriores ha golpeado con fuerza a las cuentas de resultados, como sucedió con las cláusulas suelo. En este caso, ocho bancos se juegan tener que revisar el IRPH, el índice con el que todavía hoy cobran hipotecas por valor de 16.220 millones. El alto tribunal de la UE tendrá que decidir si se comercializaron incorrectamente, por lo que los bancos deberían devolver dos puntos en el tipo de interés, lo que podría costarles unos 3.000 millones en total.

En los cuarteles generales de CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia, Banco Sabadell, Kutxabank, Unicaja y Liberbank aguardan con tensión la resolución del tribunal de Luxemburgo. Son conscientes de que una sentencia crítica con la forma en la que se comercializaron las hipotecas con Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) podría trastocar los planes estratégicos. Y las cotizaciones ya no están para muchos disgustos más.

Para ejecutivos de algunas de estas entidades consultados, el peor escenario es que la corte de la UE deje la situación abierta para que cada cliente pueda pleitear y que un juez determine si se explicó bien el IRPH (presentando documentos por escrito, algo que pocos poseen) o si este índice es abusivo ya que siempre ha sido más caro que el euríbor. Esto supondría abrir otra guerra judicial, con otro nuevo golpe a la desgastada reputacional bancaria cuando todavía tienen 250.000 casos abiertos por las cláusulas suelo y pierden el 98% de los casos. Una sangría que todavía durará años.

Los analistas han escrito informes muy variados sobre cuál puede ser la factura que pagará la banca por la sentencia del 3 de marzo: desde los 40.000 millones de Goldman Sachs a los 3.600 millones publicados hace semanas por Barclays o los poco más de 3.000 millones que calcula UBS.

Esta variedad de cifras refleja lo difícil que es determinar el coste de esta sentencia porque dependerá de muchos factores. Incluso cuando se conozca, será difícil fijar el impacto económico de la sentencia porque dependerá de un proceso judicial incierto.

No existen registros oficiales de cuántos créditos siguen referenciados al IRPH, pero según la web reclamador.es son unos 300.000. Otras firmas, como Denuncias colectivas, cree que puede haber 800.000 créditos con IRPH, la misma cifra que calcula la empresa de defensa del consumidor bancario Asufin. La cantidad que podría recibir cada cliente varía desde los 15.000 euros a los 40.000 en función del importe del crédito y el tiempo de duración.

Las firmas que defienden a los clientes con hipotecas con IRPH confían en que el Tribunal de Luxemburgo “arroje luz sobre la solución que deben adoptar los juzgados españoles en cada caso”, apunta Javier Gastón, responsable de Denuncias Colectivas, en línea con lo que espera Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Arriaga Asociados cuenta con 12.000 casos “y una reclamación media de 25.000 a 32.000 euros por préstamo”; Denuncias Colectivas agrupa 2.500 reclamaciones, con un perjuicio medio por cliente de 25.000 euros; el mismo importe que Asufin, que tiene 2.000 casos, mientras que Adicae aglutina 321 casos, con 12.000 euros por hipoteca.

Tres posibles escenarios judiciales

Los escenarios posibles son tres: que el alto tribunal de Luxemburgo decida que el índice es oficial (de hecho está calculado por el Banco de España) y por lo tanto no se puede cuestionar que no sea transparente; que el IRPH debe estar sujeto a las normas de transparencia y, por lo tanto, debe ser el Tribunal Supremo el que determine en qué condiciones se ha comercializado bien o, en tercer lugar, que es una referencia abusiva en sí misma y por lo tanto, independientemente de cómo se haya vendido, se debe sustituir por otro índice, probablemente el euríbor.

“La gran diferencia que existe ahora con el IRPH frente al caso de las cláusulas suelo es que el índice está creado por el Banco de España, lo que le permite defenderse a la banca y decir que solo aplicó un sistema de cobro que es oficial”, apunta Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III de Madrid.

Esta fue la razón que sostuvo el Supremo en 2017, cuando avaló la venta de hipotecas con el IRPH al considerar que vincular un crédito a un tipo oficial como este no es opaco ni abusivo. Sin embargo, en septiembre de 2019, el abogado general del Tribunal de Luxemburgo señaló que el hecho de que sea un índice oficial no excluye que pueda ser contrario al derecho comunitario y abogó por que los tribunales evalúen caso por caso.

Fuentes de las patronales bancarias AEB y CECA afirman que los clientes sabían lo que firmaban. Dicen que se explicaba que este índice se compone de la media simple aritmética de los intereses ponderados que aplican los bancos a las hipotecas a tres o más años y que podía compensar pagar más pero tener menos vaivenes.

En el Banco de España recuerdan que este organismo creó el IRPH en 1994 “por una orden ministerial que le habilitó para que lo calculara según los datos que le facilitan las entidades”. Así se lanzó este índice que tenía diferentes tipos: IRPH de bancos y el de cajas de ahorros. Sin embargo, y aquí empezaron los problemas, en 2009, el BCE bajó los tipos, el euríbor se fue a cero y el IRPH se quedó en el 2%.

Además, en 2014, con la desaparición de las cajas, en lugar de fijarse entre 45 entidades se determinó entre 12, “algo que estadísticamente hace que sea más fácil de manipular porque hay menos actores. Podrían ponerse de acuerdo para mantenerlo alto, aunque no lo podemos asegurar”, afirma Javier Gastón, responsable de Denuncias colectivas.