El Congreso aprueba el decreto que endurece las multas a las concesionarias por negligencia

Fomento realizará una "bajada generalizada" del peaje de las autopistas quebradas que fueron rescatadas

Camiones en la autopista AP-8 en el País Vasco.JAVIER HERNÁNDEZ

El Congreso ha aprobado con el voto en contra del PP la convalidación del real decreto que endurecerá las sanciones a las concesionarias de carreteras en caso de negligencia en la gestión de las infraestructuras. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha puesto como ejemplo el caos circulatorio que se produjo en la AP-6 a principios de este añoy que dejó atrapados a miles de usuarios en medio de un temporal. El real decreto modifica la Ley de carreteras para tipificar como infracción muy grave la ...

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El Congreso ha aprobado con el voto en contra del PP la convalidación del real decreto que endurecerá las sanciones a las concesionarias de carreteras en caso de negligencia en la gestión de las infraestructuras. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha puesto como ejemplo el caos circulatorio que se produjo en la AP-6 a principios de este añoy que dejó atrapados a miles de usuarios en medio de un temporal. El real decreto modifica la Ley de carreteras para tipificar como infracción muy grave la "eventual negligencia" de las adjudicatarias cuando ocasionen "un perjuicio significativo a los usuarios".

El Consejo de Ministros aprobó este real decreto del pasado 8 de noviembre. Lo hizo, como adelantó EL PAÍS, con la prioridad de evitar que se repitieran incidentes como el colapso de la carretera de A Coruña por una nevada que se produjo en Castilla y León. Las sanciones que se podrán aplicar con el cambio de la legislación serán de entre 15.000 y 300.000 euros; la sanción máxima hasta ahora era de 15.000 euros.

El real decreto sobre medidas urgentes en materia de carreteras también contempla el desvío obligatorio de vehículos pesados que circulen por vías convencionales hacia autopistas de peaje por razones de seguridad vial, fluidez del tráfico o medioambientales. La redacción de la Ley de Carreteras propuesta por el Gobierno da según Ábalos "cobertura legal" al desvío de camiones y vehículos de alto tonelaje que el Ejecutivo anterior ya estaba aplicando en carreteras nacionales en Cataluña y La Rioja e especifica que el peaje aplicable a estos vehículos "podrá bonificarse, en su caso, en la cuantía que se determine en el expediente por el que se modifiquen las condiciones de explotación de la autopista". Las Administraciones interesadas podrán pactar mediante un convenio la contribución de cada una de ellas a dicha bonificación.

La reforma de la Ley de carreteras habilita además al Estado al cobro de peajes en las autopistas quebradas que fueron rescatadas. Da cobertura de rango legal para hacerlo a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) al asumir la explotación de las autopistas de peaje "que han revertido o que reviertan al Estado". El PP entiende que la formulación del decreto -ha incidido en que este es el 18º real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez- permitiría al Gobierno extender el cobro de peajes a vías donde actualmente no se aplican. Fomento niega ese extremo y sostiene que la intención del Ejecutivo es reducir su precio para fomentar la circulación por estas vías. "Estamos planteado una bajada generalizada de los peajes de las autopistas rescatadas para estimular el tráfico de estas vías, aumentar la seguridad vial y las contribuciones económicas", ha afirmado Ábalos. El ministro ha indicado que a comienzos de 2019 Fomento rescatará y asumirá la gestión de la autopista quebrada AP-41 Madrid-Toledo. Tras su rescate, el Estado ya explota las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que conecta con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, la Ocaña-La Roda, la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.

Por último, la normativa facilitará la aprobación de los proyectos de construcción mediante la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios "con el fin de no demorar la realización de las obras en los casos que así fuese necesario, evitando así el consiguiente perjuicio que para el interés general suponen estos retrasos".

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