Madrid quiere ser la Miami jurídica

Las turbulencias que sacuden el panorama económico internacional pueden servir para dar un impulso determinante al mercado español de servicios legales. De hecho, entre los grandes despachos nacionales con presencia a ambos lados del Atlántico se consolida la idea de que la incertidumbre en torno al Brexit y la amenazante política exterior de la Administración de Trump abren una ventana de oportunidad para que Madrid se convierta en...

Las turbulencias que sacuden el panorama económico internacional pueden servir para dar un impulso determinante al mercado español de servicios legales. De hecho, entre los grandes despachos nacionales con presencia a ambos lados del Atlántico se consolida la idea de que la incertidumbre en torno al Brexit y la amenazante política exterior de la Administración de Trump abren una ventana de oportunidad para que Madrid se convierta en el hub (centro de operaciones) del sector jurídico lati­no­americano.

A estas circunstancias coyunturales hay que sumar una serie de ventajas de partida con las que cuenta España, como el idioma común, la cercanía cultural, una misma tradición jurídica y sus buenas comunicaciones aéreas con las principales ciudades de Iberoamérica. Todo ello, en un entorno de seguridad jurídica y crecimiento económico que, según los bufetes consultados, es mucho más valorado fuera de nuestras fronteras que dentro de ellas.

La influencia política y económica que Estados Unidos ha ejercido sobre América Latina tiene su reflejo en el tráfico jurídico. Muchos de los contratos firmados en el continente se someten a la common law (derecho anglosajón) y fijan en Miami o en Nueva York la sede arbitral en la que dirimir los posibles litigios. Una fuerza de atracción que, aupada por el poderío económico-financiero de la City y por la mejor exportación de su legislación, también ha sabido aprovechar Londres.

Javier Ybáñez, socio responsable de Latinoamérica de Garrigues, no cree que el predominio anglosajón se deba únicamente a su potencia inversora o empresarial, sino que, además, ha habido cierta pasividad por parte de los europeos y los hispanoamericanos. “En muchos casos nos hemos dejado ganar la mano”, asevera. Y pone como ejemplo la cantidad de operaciones en Latinoamérica que se someten al derecho anglosajón, “con un idioma y unos principios distintos”, en lugar de a la ley del propio país o a una similar, como podría ser la española.

Bernardo Cremades Jr., socio de Cremades & Asociados, relata que ha participado en arbitrajes en Estados Unidos o Londres “en donde todo se hacía en inglés, pero las partes eran de habla hispana, los documentos y pruebas estaban en español e, incluso, los testigos eran castellanohablantes”. Un “sinsentido” que, afortunadamente, asegura, está cambiando gracias a que los clientes cada vez confían más en España como sede jurídica.

Ybáñez y Cremades coinciden en que la agitación que envuelve a las dos grandes potencias anglosajonas crean el contexto propicio para que Madrid dé un salto cualitativo en su posición como referente jurídico. El proteccionismo y la hostilidad hacia el mundo hispano del presidente Trump, y el hecho de que Londres deje de ser una puerta de entrada a la Unión Europea, son un caldo de cultivo idóneo. Eso sí, siempre que España haga sus deberes.

El primer paso, según Eduardo Rodríguez-Rovira, socio responsable de América Latina de Uría Menéndez, pasar por la toma de conciencia de que el sector legal es una industria más, con capacidad de aportar crecimiento económico y creación de empleo. En Reino Unido, por ejemplo, el conjunto de firmas legales (despachos, gestorías, asesorías) facturaron 28.500 millones de libras en 2017 (casi 32.000 millones de euros), según datos de la Law Society, el regulador jurídico británico. “¿Por qué no podemos tener nosotros un pedacito de este negocio, sobre todo cuando contamos con ciertas ventajas?”, se pregunta Rodríguez-Rovira.

Menos trabas

En segundo término, el letrado apuesta por “facilitar o, al menos, no entorpecer” los instrumentos legales que permiten la presencia en España de empresas o ciudadanos latinoamericanos, ya sean fiscales, laborales o del régimen de extranjería.

Rodríguez-Rovira también reclama la creación en España de un gran tribunal de arbitraje. Extremo que respalda Alfonso Iglesia, socio-director de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas, que considera que en Madrid coexisten “varias buenas cortes, pero de un tamaño insuficiente para competir internacionalmente”.

Iglesia revela que, desde hace tiempo, las grandes firmas españolas trabajan para reforzar la imagen de Madrid como sede alternativa de arbitraje, ofreciéndosela a sus clientes para que la valoren. Un esfuerzo que, no obstante, requiere también la participación de los poderes públicos “para promocionar a España como una jurisdicción de primer orden”.

En este sentido, todos los abogados consultados reclaman la implicación de los jueces. “Tenemos que evitar sentencias que dificulten la elección de España como sede de arbitrajes internacionales”, advierte Rodríguez-Rovira. Preocupa la anulación de algunos laudos por parte de tribunales españoles (se señala, especialmente, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid) que han entrado a reeva­luar cuestiones en las que, a priori, la autonomía del árbitro es total. El efecto contagio es claro: si se crean dudas en torno a la seguridad y la efectividad de estas resoluciones, las partes contratantes optarán por fijar otra sede en la que litigar.

Hay otros dos factores que reman a favor de España como hub jurídico hispanohablante: la expansión de los bufetes nacionales por Latinoamérica y la actividad que desarrollan las organizaciones iberoamericanas de jueces, abogados, notarios o registradores, para alcanzar soluciones jurídicas comunes. Cremades, no obstante, cree que desde el sector privado aún puede trabajarse más en “concienciar a los letrados que redactan los contratos para que incluyan Madrid como sede del arbitraje, y la ley española como la aplicable”. Los beneficios no solo repercutirán en los despachos. El aterrizaje de transacciones y litigios en España también se traduciría en ingresos públicos (impuestos), actividad económica y capacidad de influencia.