Los últimos resistentes del carbón

Pese a las malas noticias que llegan de Madrid, en la Casa del Pueblo de Mieres prefieren dar un voto de confianza al presidente del Gobierno. Doblemente militantes —en UGT y el PSOE—, dos mineros y un empleado de una central térmica recuerdan aquí el día de finales de 2016 en el que un Pedro Sánchez en horas bajas que luchaba por la supervivencia política les visitó. Recién expulsado de la jefatura del partido, tanteaba sus posibilidades para dar la batalla para reconquistar lo perdido. Entonces, el hoy jefe de Gobierno regaló sonrisas y buenas palabras. Ellos entendieron que estaba de su lad...

Pese a las malas noticias que llegan de Madrid, en la Casa del Pueblo de Mieres prefieren dar un voto de confianza al presidente del Gobierno. Doblemente militantes —en UGT y el PSOE—, dos mineros y un empleado de una central térmica recuerdan aquí el día de finales de 2016 en el que un Pedro Sánchez en horas bajas que luchaba por la supervivencia política les visitó. Recién expulsado de la jefatura del partido, tanteaba sus posibilidades para dar la batalla para reconquistar lo perdido. Entonces, el hoy jefe de Gobierno regaló sonrisas y buenas palabras. Ellos entendieron que estaba de su lado. Quizás por eso, en esta ciudad de la cuenca minera asturiana han sentado especialmente mal las declaraciones de su flamante ministra para la Transición Ecológica.

“El carbón no tiene futuro y las centrales térmicas no tienen sentido”, dijo Teresa Ribera nada más asumir la cartera. “Seré un ingenuo, pero a mí aún me queda esperanza. Tiene que haber un poco de justicia con este sector. Y si no es así, actuaremos como siempre: se cortará lo que haga falta. Daremos guerra”, responde convencido Andrés Vallina, que ha pasado 12 de sus 34 años en la mina. Ni él ni sus compañeros conciben otra opción que seguir hacia delante, haciendo lo mismo que siempre han hecho; y que antes habían hecho sus padres y abuelos.

En realidad, la lenta agonía del carbón comenzó hace ya 20 años. A finales de 2018 deben cerrar todas las minas no rentables. Y en la UE se plantea 2030 como el plazo para acabar con las centrales térmicas que se nutren de esta fuente de energía. Además, todas aquellas que no realicen cuantiosas inversiones para reducir su impacto medioambiental deberían echar el cerrojo en 2020. Pero la llegada de los socialistas al Gobierno y, sobre todo, la elección de la combativa Ribera como superministra de un departamento que engloba Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático amenaza con acelerar aún más esa muerte ya anunciada. No hay ningún plan cerrado, pero la ministra menciona 2025 como “fecha orientativa” para el fin del carbón.

En Asturias, estas palabras han tocado una fibra sensible. Políticos de izquierda, centro y derecha, grandes y pequeños empresarios y sindicalistas están indignados. No se trata solo de los afectados directos. En una región que en 1950 tenía más de 60.000 mineros hoy quedan, entre empresas matrices y subcontratas, solo 1300. Y las térmicas que se alimentan del negro mineral dan trabajo a unas 650 personas.

Pero aquí no importa solo lo escaso de estos números. Los empresarios asturianos temen que el fin de las térmicas expulse a empresas grandes consumidoras de electricidad, muy dependiente de la energía, como Arcelor-Mittal, Alcoa y Asturiana de Zinc.

“Una buena política energética debe asentarse sobre tres patas: seguridad de aprovisionamiento, competitividad y sostenibilidad medioambiental. El Gobierno parece preocuparse solo de esta última pata, pero, sin las otras dos, la mesa no podrá sostenerse”, afirma Vicente Luque, ingeniero que hace años se ocupó de las políticas energéticas europeas. “Las renovables no están maduras para asegurar la seguridad de suministro. No podemos desperdiciar ninguno de los combustibles que tenemos”, añade José Luis Alperi, recién reelegido secretario general de SOMA-UGT.

Una visión diametralmente opuesta tiene Tatiana Nuño, responsable de carbón de Greenpeace, que protesta cuando oye a los defensores del carbón decir que 2025 es un plazo demasiado corto para cerrar las centrales. “Desde 1998, el sector recibe ingentes cantidades de dinero para reconvertirse, no para perpetuar el carbón. El mensaje que ha lanzado la ministra era muy necesario. Si no fija un plazo concreto, ese momento que todos sabemos que hay que alcanzar jamás llegará”, añade.

El nuevo arreón medioambientalista del Gobierno despierta en los mineros recuerdos de batallas pasadas. La última de las grandes fue en 2012, cuando un PP con mayoría absoluta dio un tijeretazo a las ayudas al sector. Al mencionar ese conflicto, los tipos duros recuerdan con orgullo los cortes salvajes de carreteras, aquellos días en los que los sindicatos pedían a los trabajadores que resistieran; que era el momento de “apretar” un poco más. También cómo algunos perdieron los dedos lanzando explosivos a los que alguien les había quitado la mecha. O cómo solo un milagro evitó que prácticas como las de lanzar pelotas de golf no dejaran ninguna tragedia que lamentar. Pero esos más de 60 días de huelga no sirvieron para nada. Los mineros volvieron al tajo. Se rindieron ante la tozuda realidad. Ante la evidencia de que la suya era una guerra perdida.

Algo de eso flota en el ambiente ahora también. En Mieres, las huellas del carbón están por todas partes. Desde la estatua frente a la Escuela Politécnica hasta las cintas transportadoras que cruzan el centro de la ciudad. Son restos de una vida que se evapora en un mundo que ya no les necesita. Cuando hace 40 años Julio César Areces comenzó a trabajar en la central de Aboño parecía como si le hubiera tocado la lotería. “Entonces se decía que había que agarrarse al eje de un alternador, porque allí era donde estaba el futuro. Hoy, los más jóvenes miran con incertidumbre. No entienden que todo esto vaya a desaparecer de un día para otro”, dice con mirada triste en la Casa del Pueblo de Mieres.