El coste de la independencia

Desde el punto de vista económico, la independencia que no tendrá lugar de Cataluña habría sido claramente inviable. Los líderes independentistas mintieron clamorosamente cuando afirmaron que Cataluña seguiría formando parte de la Unión Europea y de la eurozona en caso de independencia. El argumento inicial para sostener esta afirmación era la, según ellos, importancia estratégica de Cataluña por ser un mercado de 7,5 millones de personas (la UE tiene más de 500 millones) con un renta por habitante superi...

Desde el punto de vista económico, la independencia que no tendrá lugar de Cataluña habría sido claramente inviable. Los líderes independentistas mintieron clamorosamente cuando afirmaron que Cataluña seguiría formando parte de la Unión Europea y de la eurozona en caso de independencia. El argumento inicial para sostener esta afirmación era la, según ellos, importancia estratégica de Cataluña por ser un mercado de 7,5 millones de personas (la UE tiene más de 500 millones) con un renta por habitante superior a la media europea. Tras los constantes desmentidos por parte de las autoridades europeas, se pasó a la segunda línea de argumentación: en caso de expulsión de la UE, Cataluña no tardaría en ser readmitida (siempre por su importancia estratégica), a lo que siguió otra oleada de desmentidos: para ser admitida en la UE, Cataluña tendría que ponerse a la cola de las solicitudes y obtener para su admisión la unanimidad de los miembros de la UE. Al final, los partidarios de la independencia han tenido que admitir la dura realidad: se quedarían fuera por una largo periodo de tiempo.

Las consecuencias de esta situación serían inmediatas: se aplicaría a Cataluña la tarifa aduanera exterior común y sería considerada por la Organización Mundial de Comercio como país tercero, es decir, perdería la cláusula de nación más favorecida y tendría que renegociar centenares de acuerdos comerciales.

La aplicación de la tarifa exterior común acarrearía un encarecimiento inmediato de los productos que exporta Cataluña a la Unión Europea. Esta tarifa se sitúa, en promedio, en el entorno del 3% pero, según algunos cálculos, la incidencia sobre los productos que Cataluña exporta sería mayor, en el entorno del 5%. A los productos exportados a la UE, unos 43.000 millones de euros en 2016 (el 19,2% del PIB catalán) habría que añadir las ventas al resto de España, estimadas para ese mismo año en unos 39.000 millones de euros. Podría entonces suceder que los exportadores catalanes mantuvieran los precios de sus productos con el riesgo de perder cuotas de mercado, pero es poco probable que así lo hicieran. Lo más probable que intentaran mantener los precios y soportar las consecuencias en sus cuentas de resultados. Tendrían que absorber casi dos puntos de PIB en forma de menores ganancias, a repartir entre salarios y beneficios. A ello habría que añadir el no deseable boicot de productos catalanes, imposible de calcular y la muy probable petición de previo pago por parte de los proveedores ante el riesgo de impago de sus facturas.

Este sería el primer impacto "mecánico", al que habría que añadir lo que ya se está produciendo: el aumento de la incertidumbre ha provocado una disminución de las reservas turísticas del orden del 20% y una reducción de las ventas en las grandes superficies. Puede pensarse que es un fenómeno transitorio, pero lo más probable es que se trate sólo de un aperitivo de lo que podría suceder tras una eventual independencia, en cuyo caso los más optimistas cifran la caída del PIB en un 10% y los más pesimistas en un 30%.

Por su parte, el traslado de las sedes sociales de las empresas fuera de Cataluña buscando seguridad jurídica y estabilidad tendrá, dada su magnitud, efectos macroeconómicos. Es cierto que el efecto principal, el pago del impuesto de sociedades, no tendrá consecuencias dado que se trata de un impuesto estatal, pero el resto de efectos (impuestos locales o el traslado de personal directivo) tendrá una incidencia que algunos estiman en más de 1.000 millones de euros. Se trata, naturalmente, de cálculos imprecisos pero, en realidad, es lo que menos importa. En casos similares, como el referéndum de independencia de Quebec en 1995, la mayoría de las empresas que salieron de Montreal no volvieron y Toronto tomó el relevo como capital económica de Canadá. Los líderes independentistas han hecho a este propósito dos tipos de declaraciones, la primera es que se trata de un fenómeno transitorio y la segunda, siguiendo un pintoresco razonamiento, que se trata "sólo" de unos centenares de empresas frente a un número total de más de 100.000. Lo que sucede es que han cambiado su sede casi todas las grandes y un buen número de medianas y pequeñas empresas, lo cual es lógico ya que las grandes venden más fuera de Cataluña que dentro. Es posible que también lo haya hecho alguna individual, pero de momento no se tiene noticia. El problema a medio y largo plazo es que empiecen a trasladarse centros productivos. En todo caso, las decisiones estratégicas de las empresas que se han ido se tomarán ya fuera de Cataluña.

Entre las principales empresas que han trasladado su sede se encuentran las dos grandes entidades financieras catalanas. Lo han hecho para proteger a sus clientes ya que de permanecer en una Cataluña independiente no podrían acceder a las ayudas del Banco Central Europeo ni garantizar los 100.000 euros a los depositantes. Como era de esperar se ha producido un traslado de depósitos, muchos de ellos dentro de las mismas entidades, a oficinas situadas fuera de Cataluña. Los independentistas lanzaron una campaña suicida de retirada de depósitos que solo habría perjudicado a Cataluña si hubiera tenido éxito. El problema es que si se reduce la base de depósitos de las entidades se reducirá, antes o después, el crédito a las empresas o se racionará mediante el aumento de los tipos de interés. En un primer momento las entidades utilizarán los depósitos de fuera de Cataluña para mantener el crédito, pero en caso de independencia las cosas cambiarían: los depósitos y los créditos estarían regidos en Cataluña por una legislación que es imposible de predecir en la actualidad.

Queda, además de otras muchas cuestiones, el problema de la deuda. Actualmente Cataluña debe 76.700 millones de euros, de los cuales 52.500 al Fondo de Liquidez Autonómico que ha tenido que prestar ese dinero (en condiciones más favorables que las de mercado) porque Cataluña no podía colocar bonos en el exterior al ser considerados por las agencias de calificación como deuda basura. A esa deuda directa habría que añadir la parte correspondiente de la deuda pública española en el momento de la independencia. Si se toma como criterio de reparto la participación del PIB de Cataluña en el PIB español (el 20,1% en 2016) la parte de la deuda que le correspondería sería de unos 170.000 millones de euros. La suma de ambas magnitudes llevaría a una deuda de 247.000 millones de euros, casi un 111 por ciento del PIB catalán. La respuesta de los independentistas a esta cuestión es la de que, sencillamente, no pagarían. Dicen que no reconocen ni la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica ni la correspondiente a la deuda general del estado español. Habría pues que recurrir a un pleito o a un arbitraje internacional teniendo en cuenta que el principio de sucesión en las deudas de los estados cuando cambian los regímenes es universalmente aceptado, por razones que por obvias no merecen mayor comentario. No hay que tener mucha imaginación para valorar la acogida por parte de los mercados de una deuda calificada como basura a la que se añadiría la voluntad declarada del deudor de no reconocer sus deudas. Cataluña no podría financiarse en el exterior.

La independencia sería, desde el punto de vista económico, un auténtico desastre para los catalanes. También lo sería, aunque mucho menos, para el resto de los españoles. Hace muchos años, cuando la independencia de Quebec estaba a la orden del día, tuve ocasión de preguntar a R. Mundell, canadiense y premio Nobel de economía, qué pensaba del asunto. Me contestó que las cosas se habían aclarado bastante cuando alguien preguntó que quién iba a pagar las pensiones en caso de independencia. Esta es una de las preguntas que podían hacerse también los independentistas, pues el sistema de pensiones catalán tiene un déficit de más de 6.700 millones de euros. Primar las emociones sobre la razón y las mentiras sobre las realidades es el primer paso hacia el abismo.