Consenso político para que las eléctricas paguen el bono social
La puesta en marcha de una tregua invernal divide a los grupos de la oposición
La reciente muerte de una anciana en Reus ha acelerado el debate sobre la reforma del bono social eléctrico, pendiente desde 2013. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, y los grupos con representación en el Congreso de los Diputados se reunieron ayer para comenzar a esbozar los cambios en ese descuento del 25% en la factura de la electricidad para los colectivos más desfavorecidos económicamente. Por lo pronto, hay una idea que cuenta con la aprobación de todas las formaciones políticas: el bono lo deben pagar las compañías eléctricas.
Nadal explicó que el Gobierno prepara de manera urgente un decreto ley para solventar la decisión del Tribunal Supremo que anula el modelo de financiación de la ayuda. Hasta ahora, los 200 millones de euros que anualmente cuesta la medida —que llega a 2,5 millones de hogares— la sufragan ciertas empresas que generan y distribuyen energía. Hace un mes, el Alto Tribunal dio la razón a E.ON España y a Endesa al considerar que no pueden cargar estos pagos solo determinadas compañías y, además, ordenó que...
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Nadal explicó que el Gobierno prepara de manera urgente un decreto ley para solventar la decisión del Tribunal Supremo que anula el modelo de financiación de la ayuda. Hasta ahora, los 200 millones de euros que anualmente cuesta la medida —que llega a 2,5 millones de hogares— la sufragan ciertas empresas que generan y distribuyen energía. Hace un mes, el Alto Tribunal dio la razón a E.ON España y a Endesa al considerar que no pueden cargar estos pagos solo determinadas compañías y, además, ordenó que se les devuelva el dinero entregado desde 2014, unos 500 millones. Energía pretende ahora que el reparto se haga entre todas las empresas y evitar cargar a sus Presupuestos del año que viene el coste del bono social.
La revisión de la estructura del fondo se comenzará a trabajar en las próximas semanas. Aquí sí hay más diferencias de criterios. El PSOE y Unimos Podemos abogan por una tregua invernal, es decir, que no se pueda cortar el servicio en determinados momentos del año. Se trata de una medida recurrente en otros países con inviernos muchos más duros y que contempla la directiva europea sobre pobreza energética, que además dejaba a cada país la potestad para definir el concepto de cliente vulnerable. España, en vez de hacer una definición, la equiparó a los colectivos con derecho al bono social, como las familias numerosas, los pensionistas y los desempleados.
La Generalitat intentó en 2013 implantar una tregua de estas características en Cataluña que consistía en aplazar hasta primavera las deudas de quienes se beneficiaban de ese parón, pero la medida fue recurrida por el Gobierno central. El Tribunal Constitucional, en su sentencia, dejó claro que el legislador español optó por “la protección del consumidor vulnerable mediante un sistema de bonificación y no mediante el establecimiento de prohibiciones de desconexión en periodos críticos”.
La propuesta de Endesa
Unesa, la patronal eléctrica, no ha hecho una propuesta formal de modificación del bono social, aunque siempre ha criticado que no se tenga en cuenta la renta para conceder la ayuda. Endesa sí ha presentado una alternativa que prevé la creación de tres fondos diferentes, dos de ellos pagados por los Presupuestos o por la tarifa eléctrica. El primero sería una evolución del actual bono social, pero incluyendo un criterio de renta. Las empresas harían directamente el descuento. El segundo es un fondo de cobertura de clientes pobres, mediante el cual se financiaría el 100% de las facturas de aquellos que no puedan hacer frente a la factura ni siquiera con bono social. Este lo gestionarían los servicios sociales de cada municipio. Finalmente, un fondo de eficiencia energética inspirado en un mecanismo existente y que financian las eléctricas.
Aplazar el problema
Las empresas suministradoras siempre han criticado esta medida porque cree que aplaza el problema y crea deudas aún más difíciles de pagar para los colectivos vulnerables. La tregua implicaría cambiar completamente el modelo. Las eléctricas, los grupos y el Gobierno sí están de acuerdo con la necesidad de incorporar un elemento de progresividad y tener en cuenta la renta del beneficiario.
Las familias numerosas, por ejemplo, estaban hasta ahora dentro del bono social, independientemente de su renta. Nunca llegó a elaborarse un reglamento para moldear la ley. Otra dificultad está en cómo encajar el reparto de las competencias en energía entre el Estado, las autonomías o incluso los ayuntamientos en lo que tiene que ver con los servicios sociales. El intento catalán de legislar sobre la pobreza energética, por ejemplo, ha chocado tres veces con un recurso por parte del Gobierno central.
Los grupos también han puesto el foco en que la lucha contra la pobreza energética tiene que ir más allá del bono social. En Comú Podem pidió que se obligue a las empresas a consultar con los servicios sociales antes de hacer un corte para comprobar si se trata de un cliente vulnerable, como fija la ley catalana. Las entidades sociales catalanas también pretenden que sean las eléctricas las que paguen las facturas de los más pobres y exigen que se condonen deudas a las familias más vulnerables y se fijen precios para que el coste de la luz no supere el 10% de su renta.