Un retraso previsible

El miércoles 18 de febrero estaba previsto que finalizase el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de Hidrocarburos, que el Consejo de Ministros aprobó el 12 de diciembre y en enero llegó al Congreso de los Diputados, donde ha entrado en un camino de incertidumbre y polémica. Estaba cantado que el plazo se iba a ampliar porque el Gobierno anda embarcado en la elaboración de una propuesta (o como quiera llamarlo) para modificar la construcción de los precios de los carburantes e incluirla como enmienda a la ley a través del Grupo Popular. Esa es la razón principal del retra...

El miércoles 18 de febrero estaba previsto que finalizase el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de Hidrocarburos, que el Consejo de Ministros aprobó el 12 de diciembre y en enero llegó al Congreso de los Diputados, donde ha entrado en un camino de incertidumbre y polémica. Estaba cantado que el plazo se iba a ampliar porque el Gobierno anda embarcado en la elaboración de una propuesta (o como quiera llamarlo) para modificar la construcción de los precios de los carburantes e incluirla como enmienda a la ley a través del Grupo Popular. Esa es la razón principal del retraso, hasta bien metido marzo, porque esta semana es el debate del estado de la Nación y la primera semana de mes no hay pleno.

En el citado grupo participan los ministerios de Industria, Economía y Hacienda, la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quizá invitada para enjugar el vacío de Industria al no pedir el informe preceptivo del organismo. Tampoco contó Industria con el informe del Consejo de Estado, aunque en este caso, según fuentes consultadas, procuró evitarlo, “en aras a la urgencia”, sacando del proyecto cuestiones que supusieran transposición de normativas comunitarias, como las prospecciones off shore, que lo hubiera hecho obligatorio.

Sobre el asunto, el presidente de la CNMC, José María Marín, se quejó el miércoles en sede parlamentaria y aclaró que ha enviado las sugerencias de modificaciones al ministro para incorporar al trámite “que nos parecen absolutamente fundamentales”. Para Marín llueve sobre mojado. Industria utilizó la Ley de Metrología, aprobada en diciembre, para asumir competencias supervisoras sobre peajes eléctricos que correspondían a la CNMC.

Estos extremos serán objeto, con seguridad, del debate que se entable entre el titular de Industria, José Manuel Soria, y la oposición cuando defienda el proyecto de ley en el Pleno. En concreto, el portavoz socialista, el también canario José Segura, ha preparado una batería de enmiendas para contrarrestar a su paisano.

Mientras tanto, el grupo de trabajo no ha logrado cerrar un acuerdo. Los componentes solo se han reunido una vez, aunque han mantenido contactos on line. Su trabajo se centra en buscar alguna forma de de mejorar los precios de venta al público (PVP) de los carburantes. El PVP se forma añadiendo al precio de la cotización internacional tres impuestos (el especial, que es fijo de 30,7 céntimos para el gasóleo A y 40,1 para la gasolina de 95 octanos; el de ventas minoristas, que incluye un tramo estatal y otro autonómico, de 6,4 céntimos, y el IVA, fijado en el 21%) y el margen bruto de comercialización, diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional.

Según fuentes consultadas, desde el primer momento se descartó una solución basada en tocar los impuestos, por debajo de la media europea. Las vías que se vislumbran son recortar en el margen de los operadores, rebajar el coste del transporte de CLH o fomentar la competencia, permitiendo más estaciones en grandes superficies o postes en el entorno de las ciudades. Otra de las posibilidades, en ese sentido, es exigir a los operadores informar del volumen de ventas, además de los precios. Es una manera, aseguran, de conocer los ingresos y controlar los días de la semana que más venden y los que menos. De esta forma, se trataría de impedir las subidas y bajadas de los precios en determinados días de la semana, recordando los denominados efectos lunes y viernes.

Las empresas, agrupadas en la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), argumentan que el margen que se llevan apenas alcanza los dos céntimos por litro después de descontar del margen de comercialización los costes de distribución (personal, surtidores, transporte, reservas estratégicas, el coste del biocarburante y el de la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética). En el sector se considera como una presión intervencionista y electoral, sobre todo, porque Industria ha compartido sus argumentos cuando se defienden del denominado efecto pluma y efecto cohete, según el cual el precio baja como la pluma cuando el crudo cae y sube como un cohete cuando aumenta.

Lo que parece claro es que el Ejecutivo no admitiría más atrasos para no entrar en periodos legislativos que hicieran decaer la ley.