La UE adopta normas para evitar la concesión “irresponsable” de hipotecas
La directiva asegura que la concesión de préstamos irresponsables impulsó la morosidad
Los países de la Unión Europea (UE) adoptaron hoy la nueva directiva sobre hipotecas que pretende reforzar la protección y los derechos de los acreedores, así como evitar los préstamos "irresponsables".
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE respaldaron esta normativa por mayoría cualificada (con la abstención de la República Checa, Letonia y Luxemburgo), una directiva que pretende "establecer un alto nivel de protección", explicaron en un comunicado.
Al mismo tiempo, "se dirige a la actividad crediticia y el préstamo irresponsable que, en el reciente contexto de la crisis...
Los países de la Unión Europea (UE) adoptaron hoy la nueva directiva sobre hipotecas que pretende reforzar la protección y los derechos de los acreedores, así como evitar los préstamos "irresponsables".
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE respaldaron esta normativa por mayoría cualificada (con la abstención de la República Checa, Letonia y Luxemburgo), una directiva que pretende "establecer un alto nivel de protección", explicaron en un comunicado.
Al mismo tiempo, "se dirige a la actividad crediticia y el préstamo irresponsable que, en el reciente contexto de la crisis financiera, ha contribuido al aumento del número de préstamos inasequibles, de incumplimientos y de ejecuciones hipotecarias en toda la UE", añadieron. Los Veintiocho recalcaron que las normas también promueven la estabilidad financiera, al incitar a los mercados hipotecarios a actuar "de manera responsable".
Con las nuevas normas, el prestamista deberá evaluar la solvencia del consumidor antes conceder la hipoteca, así como divulgar las obligaciones que asume el acreedor. Según los Estados miembros, la directiva establece las "condiciones para garantizar un alto grado de profesionalidad" de los prestamistas e intermediarios de crédito.
Recalcaron que también se sientan los principios de transparencia en la publicidad y el marketing, así como obligaciones de información pre-contractual. A su vez, se elevan los requerimientos de información para los intermediarios de créditos, y se sientan "principios regulatorios y supervisores" para los mismos, a la vez que se establecen estándares sobre la información que hay que dar sobre la tasa de interés de los préstamos.
El texto adoptado fue consensuado con el Parlamento Europeo, y los Estados miembros tendrán dos años para transponer la directiva a su legislación nacional.