El Banco de España abre expediente disciplinario a la cúpula de la CAM
La medida se produce tras la intervención de la caja hace más de medio año
El Banco de España acaba de abrir un expediente disciplinario a la cúpula de Caja Mediterráneo (CAM). La medida afecta a los principales directivos, entre ellos al expresidente Modesto Crespo, y a los dos exdirectores generales, Roberto López Abad, y María Dolores Amorós, pero también al consejo de administración y a la comisión de control, los otros dos órganos de dirección de la entidad alicantina.
El supervisor adopta esta medida disciplinaria medio año después de la intervención de la CAM, el 22 de juli...
El Banco de España acaba de abrir un expediente disciplinario a la cúpula de Caja Mediterráneo (CAM). La medida afecta a los principales directivos, entre ellos al expresidente Modesto Crespo, y a los dos exdirectores generales, Roberto López Abad, y María Dolores Amorós, pero también al consejo de administración y a la comisión de control, los otros dos órganos de dirección de la entidad alicantina.
El supervisor adopta esta medida disciplinaria medio año después de la intervención de la CAM, el 22 de julio del año pasado para garantizar la solvencia de la entidad después del fracaso de la fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
La entrada del Banco de España en la CAM vino aparejada con una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 2.800 millones de euros y una línea de liquidez por otros 3.000 millones de euros, con el objetivo de que la fuga de depósitos de clientes que se estaba produciendo no terminara por estrangular la entidad.
Los tres interventores nombrados por el FROB se convirtieron en los nuevos administradores de la caja y tomaron las primeras decisiones que al mismo tiempo desvelaron quienes eran los principales responsables del desaguisado.
El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas, empresariales y de los clientes). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.
Otra medida de calado del FROB fue el despido fulminante de la directora general, Maria Dolores Amorós, a finales del pasado mes de septiembre. Los administradores le acusaron de maquillar las cuentas y de asignarse a espaldas del consejo una pensión vitalicia de 370.000 euros al año. Otro de los escándalos descubierto desde la llegada de los administradores a la caja han sido las millonarias prejubilaciones de cinco altos exdirectivos de la entidad, encabezados por López Abad, con 12,8 millones euros.