El Congreso argentino aprueba un proyecto de ley para ofrecer gratis servicios públicos

Los usuarios de agua corriente, electricidad, gas natural y telefonía que tengan los servicios cortados por falta de pago podrán recuperar el servicio durante 180 días si prospera en el Senado argentino un proyecto aprobado ayer por los diputados.

La iniciativa declara la emergencia en el sector de servicios públicos por 180 días y obliga a las empresas a renegociar los acuerdos pendientes de pago y las deudas, como así también a aceptar como medio de cancelación todos los bonos provinciales y del Estado nacional.

Las empresas que tienen las concesiones de los servicios públicos ...

Los usuarios de agua corriente, electricidad, gas natural y telefonía que tengan los servicios cortados por falta de pago podrán recuperar el servicio durante 180 días si prospera en el Senado argentino un proyecto aprobado ayer por los diputados.

La iniciativa declara la emergencia en el sector de servicios públicos por 180 días y obliga a las empresas a renegociar los acuerdos pendientes de pago y las deudas, como así también a aceptar como medio de cancelación todos los bonos provinciales y del Estado nacional.

Las empresas que tienen las concesiones de los servicios públicos (en su mayoría de capitales españoles, estadounidenses, franceses e italianos tras las privatizaciones de la década de 1990) se resisten a este proyecto y señalaron que no están en condiciones de cumplir con esta exigencia justificando el argumento en las pérdidas sufridas tras la conversión a pesos de la economía argentina.

Las tarifas de la telefonía, electricidad y gas natural, entre otros servicios, fueron fijadas por contrato en dólares, bajo la antigua paridad cambiaria con el peso, y se ajustan anualmente según el índice de inflación de los Estados Unidos.

El Gobierno de Eduardo Duhalde promulgó una ley "de emergencia económica" que entre otros puntos pasó las tarifas de los servicios públicos a pesos, bajo la relación de "uno a uno" con el dólar, y prohibió aumentarlas hasta que se negocien nuevos contratos.

Paralelamente, la Cámara de Diputados aprobó ayer y convirtió en ley una iniciativa que impide a las empresas concesionarias suspender por falta de pago los servicios públicos cuando afecten el ejercicio de los establecimientos públicos asistenciales, educativos y de las Fuerzas Armadas o de seguridad.