El juez avala las escuchas que incriminan a Escribano

El juez instructor y la fiscalía ferrolana han tumbado la estrategia del exdiputado del PP Javier Escribano que pasaba por anular las escuchas policiales que propiciaron su imputación en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El caso precipitó el fin de su carrera política y el abandono de su escaño en el Parlamento gallego tras semanas de presiones de la dirección del Partido Popular en Galicia. El magistrado de la sala de Instrucción número 3 de Ferrol, Alejandro Morán, con el apoyo del ministerio público, ha denegado la petición de la...

El juez instructor y la fiscalía ferrolana han tumbado la estrategia del exdiputado del PP Javier Escribano que pasaba por anular las escuchas policiales que propiciaron su imputación en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El caso precipitó el fin de su carrera política y el abandono de su escaño en el Parlamento gallego tras semanas de presiones de la dirección del Partido Popular en Galicia. El magistrado de la sala de Instrucción número 3 de Ferrol, Alejandro Morán, con el apoyo del ministerio público, ha denegado la petición de la defensa de Escribano, que el 13 de diciembre había solicitado formalmente la nulidad de todas las actuaciones del caso Arena. La resolución judicial es firme y contra ella "no cabe interponer recurso alguno".

El escrito de la defensa de Escribano reclamando que se anulen unas escuchas que calificó de "ilegales" se registró cuatro días después de que el político popular compareciese en el juzgado (el pasado 9 de diciembre) para declarar como imputado en la causa junto a Fermín Duarte, el industrial de Pontedeume que, según la policía, le regaló un Porsche Boxter a cambio de que el entonces diputado hiciese gestiones en la Xunta a favor de la empresa, Manmer, SL, que estaba bajo sospecha ambiental.

El auto del juez Morán, fechado el 30 de diciembre, desmonta en tres páginas y cuatro pasos los argumentos que había esgrimido el letrado de Escribano, Francisco Javier Fernández Tarrío, tratando de borrar de la causa decenas de conversaciones telefónicas que mantuvieron Duarte y Escribano, así como las del político con familiares y amigos.El abogado defensor argumentó falta de motivación para el pinchazo en uno de los dos móviles que el político popular (entonces diputado autonómico) manejaba, su "indefensión" ante la prensa y tambien que las conversaciones eran "ajenas al objeto de la investigación". El nombre de Escribano apareció durante una investigación judicial a la empresa Manmer, SL, que, según la denuncia de la Asociación Gallega de Áridos, vendía como reciclado un material tóxico a base de betún y alquitrán.

El segundo argumento del letrado de Escribano alude a la indefensión de su cliente ante la publicación parcial de sus conversaciones en la prensa. El exdiputado concedió, cuando estalló el escándalo, una entrevista a La Voz de Galicia y remitió dos comunicados de prensa: el primero para hacer llegar algunos documentos bancarios sobre el Porsche, que asegura haber comprado por 10.360 euros, y el segundo para denunciar la "desaparición" de uno de los CD con las conversaciones intervenidas, pese a que estas charlas siempre quedan registradas en el Sitel, el sistema de escuchas del Ministerio del Interior

Las escuchas que ahora se validan prueban que Escribano supo de antemano que estaba siendo investigado gracias a un soplo muy oportuno a la dirección del PP gallego cuando la causa todavía estaba bajo secreto sumarial. "Por este teléfono no me gusta hablar. No sé si lo tendrán cazado también", le cuenta el 22 de octubre a un amigo del PP en una de las charlas grabadas por la policía. La resolución judicial pone fecha al día en el que los investigadores constataron que Duarte y Escribano ya sospechaban que estaban bajo la lupa de la justicia a cuenta de un coche que el constructor dijo en julio que había regalado al popular para luego desdecirse y asegurarle al juez que se trató de una compraventa corriente. Fue el 19 de septiembre del 2011 "como mínimo" -acota el auto-, y puede que incluso antes. A los agentes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) a cargo de la investigación no se les escapó, y así lo hicieron constar en sus informes, el cambio de actitud de Escribano a raíz del chivatazo. Se deshizo del Porsche, que cambió por un Mercedes CLK, aseguró tener "preparadas" las facturas, aparcó uno de sus móviles y por el otro trató de dar pistas falsas.

El juez se hace eco de las hipótesis policiales que señalaron que el parlamentario popular "trataba de dar cobertura legal a la transmisión del vehículo [Porsche]" a través de un móvil distinto al intervenido, lo que motivó el segundo pinchazo. Morán también subraya que "la investigación resultó, en parte, frustrada" por esa filtración de una causa secreta y apunta que "el imputado, presuntamente, habría aprovechado ese conocimiento para dificultarla y podría haber borrado parte del rastro delictivo".

Otro de los argumentos a los que se agarraba la defensa del popular es que las escuchas del 15 al 23 de octubre, precisamente las más clarificadoras, se realizaron sin autorización judicial. El juez ferrolano aclara que, aunque el mandato del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que autorizó las escuchas se emitió el 15 de septiembre por un mes, la intervención policial no fue efectiva hasta el día 23 por lo que se prolongó hasta el mismo día de octubre, agotando los 30 días del plazo.

Es por estas fechas, cuando los agentes recogen con todo detalle los encuentros entre Escribano -todavía parlamentario- y su jefe de filas, Carlos Negreira, alcalde y presidente del PP coruñés, en dos locales céntricos de A Coruña los días 17 y 19. Para la policía es la evidencia definitiva de que la dirección del partido estaba "sin ninguna duda al corriente de la investigación". El secreto de sumario se mantuvo hasta el 27 de octubre y dos días después, la cúpula popular forzó la dimisión de Escribano para evitar que el escándalo de su imputación los salpicase en el inicio de la campaña electoral.