Absoluta indignación sindical
El rechazo sindical al decreto del Gobierno vasco sobre los funcionarios fue ayer frontal y unánime. Tanto, que incluso movió a CC OO a consensuar con UGT una respuesta conjunta de rechazo a las medidas de ajuste. Hoy concretaran los términos del texto. Fuentes de CC OO Euskadi señalaron que el contenido del decreto es "más o menos lo esperado, ya que en la última reunión de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno señaló que en caso de desacuerdo, iban a endurecer las condiciones ofertadas, como ha hecho en la jubilación parcial y el contrato de relevo y en los complementos de incapacidad t...
El rechazo sindical al decreto del Gobierno vasco sobre los funcionarios fue ayer frontal y unánime. Tanto, que incluso movió a CC OO a consensuar con UGT una respuesta conjunta de rechazo a las medidas de ajuste. Hoy concretaran los términos del texto. Fuentes de CC OO Euskadi señalaron que el contenido del decreto es "más o menos lo esperado, ya que en la última reunión de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno señaló que en caso de desacuerdo, iban a endurecer las condiciones ofertadas, como ha hecho en la jubilación parcial y el contrato de relevo y en los complementos de incapacidad temporal".
No obstante, la central manifestó que le queda la duda de "si con esto se acaba o todavía van a seguir analizando la posibilidad de más recortes, en base a la aplicación o no de las medidas del decreto de Rajoy".
Por su parte, el sindicato ELA denunció que el "decretazo" supone "el mayor ataque a los derechos de los trabajadores" realizado por un Gobierno vasco. La aprobación del decreto pone de manifiesto, a juicio de la central nacionalista, la "nula voluntad negociadora de este Gobierno, que durante todo este tiempo no ha mostrado ni el mínimo respeto al colectivo de los trabajadores de la función pública vasca". ELA acusó al Gobierno vasco de hacer "seguidismo de los recortes impuestos por Madrid" en la cuestión salarial".
LAB denunció que las medidas aprobadas ayer vienen a "confirmar la posición de mano dura para reducir los servicios públicos y empeorar las condiciones de trabajo de los trabajadores dependientes del Gobierno y la sumisión a las directrices de Madrid y los intereses de los especuladores".