Las testigos de la 'Carioca" no tienen permiso de trabajo
Las testigos protegidas que estaban siendo explotadas en clubes de alterne por la trama mafiosa que destapó hace dos años el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo aún no pueden trabajar de forma lícita en España porque la Secretaría de Estado de Seguridad no les ha concedido la autorización necesaria y prevista por la ley para estos casos. El abogado que colabora con la ONG de Lugo Aliad-Ultreia, Gerardo Pardo de Vera, ha enviado el enésimo escrito a este departamento de Interior reclamando que se les aplique el nuevo reglamento que entró en vigor el 30 de junio de 2011, según el cual tendrí...
Las testigos protegidas que estaban siendo explotadas en clubes de alterne por la trama mafiosa que destapó hace dos años el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo aún no pueden trabajar de forma lícita en España porque la Secretaría de Estado de Seguridad no les ha concedido la autorización necesaria y prevista por la ley para estos casos. El abogado que colabora con la ONG de Lugo Aliad-Ultreia, Gerardo Pardo de Vera, ha enviado el enésimo escrito a este departamento de Interior reclamando que se les aplique el nuevo reglamento que entró en vigor el 30 de junio de 2011, según el cual tendrían derecho a un permiso de residencia y de trabajo para cinco años.
Al no poder trabajar de forma legal en el país, las mujeres que colaboraron con la juez Pilar de Lara para desenmarañar la presunta red de trata, blanqueo, tráfico de drogas y armas (en la que participaban tanto proxenetas como numerosos agentes del orden), para poder sobrevivir se ven obligadas a seguir ejerciendo, en muchos casos, la prostitución, o a aceptar otros empleos irregulares.
En el reglamento anterior al publicado hace medio año, el periodo de residencia que se les concedía tenía vigencia para 12 meses y además no se concretaba si este derecho llevaba adjunto el de poder firmar un contrato de trabajo. La Secretaría de Estado de Seguridad, en su momento, optó por hacer una interpretación mezquina de la ley y les pagó los servicios prestados a la justicia con la versión más reducida de sus derechos.
Para poder trabajar, en sus actuales circunstancias (sin que Interior las haya tenido en cuenta para aplicarles la nueva norma) estas mujeres tendrían que solicitar en la Subdelegación del Gobierno una autorización específica en el momento en que alguien les ofreciese un contrato laboral. Pero este trámite se dilata meses en la Administración y ningún empresario está dispuesto a esperar. La ONG Aliad-Ultreia es una de las pocas que en este tiempo ha tendido una mano a estas testigos, amenazas por la mafia que integra a policías y guardias civiles.