"Usábamos la información en política"

La investigación judicial y policial a menudo debe contentarse con atar los cabos sueltos que se puedan, aunque muchas pistas que terminan en un callejón sin salida dejan la sensación de que lo encontrado es apenas la punta del iceberg. Probablemente, algo así sintieron los encargados de las pesquisas de la supuesta trama de espionaje del caso Tellería. La causa afronta su recta final después de que la Fiscalía de Álava presentara su escrito de acusación, en el que pide cuatro años de cárcel para el exdirigente y fontanero del PNV alavés Aitor Tellería y para los ertzainas...

La investigación judicial y policial a menudo debe contentarse con atar los cabos sueltos que se puedan, aunque muchas pistas que terminan en un callejón sin salida dejan la sensación de que lo encontrado es apenas la punta del iceberg. Probablemente, algo así sintieron los encargados de las pesquisas de la supuesta trama de espionaje del caso Tellería. La causa afronta su recta final después de que la Fiscalía de Álava presentara su escrito de acusación, en el que pide cuatro años de cárcel para el exdirigente y fontanero del PNV alavés Aitor Tellería y para los ertzainas Jesús Acha y Carlos Lau, agentes de la Unidad de Información y Análisis (UIA), encargada entonces de la lucha antiterrorista. Lau está afiliado al PNV.

Tellería recibió información en un correo enviado por "Pepe Gotera"

Muchos detalles del sumario quedan sin esclarecer, como quién usaba la dirección de correo electrónico pimortadelo@gmail.com bajo el alias "Pepe Gotera", para enviar información a Tellería. O quién era el "Enrique" que pertenecía a una "hermandad" mencionado en una de las fichas que dieron origen a la investigación. "Ha pertenecido a una logia, introduce metadona en las cárceles con el plácet de Instituciones Penitenciarias, [tiene] contactos con Israel y funda [una empresa] con la que realiza negocios de venta de armas", rezaba el texto sobre él.

Tellería reconoció ante el juez que era el encargado de gestionar la información "anónima" que iba llegando al PNV alavés, extremo confirmado por el presidente de la ejecutiva provincial peneuvista, Iñaki Gerenabarrena. "La información que pudiera tener credibilidad se utiliza políticamente intentando contrastarla con quien corresponda", añadió al juez, aunque negó que recurriese a su estupenda relación con varios agentes de la UIA, muchos de ellos con una estrecha relación con el partido, para sus tareas de fontanería. El fiscal resalta en su escrito que Tellería admitió haber realizado "cientos" de fichas como las encontradas y que las iba destruyendo de forma periódica.

El caso pone la lupa sobre la línea roja que separa la legítima labor de documentación e investigación realizada por un partido del espionaje puro y duro en busca de puntos débiles en los adversarios para desestabilizarles. La ficha sobre el juntero del PP Santiago Abascal, por ejemplo, apunta que el hecho de que un familiar suyo trabajase para una entidad que dependía de un Gobierno del PNV podía ser usado en su contra. Abascal aún recuerda como, años atrás, Tellería aludió a la carrera profesional de su hija en un pleno de las Juntas Generales de Álava.

Nadie olvida al acercarse al caso las escuchas telefónicas en 1986 al exlehendakari y fundador de EA Carlos Garaikoetxea. O la información de primera mano que manejaban sobre sus adversarios personas como el expresidente del PNV Xabier Arzalluz, cuando, por ejemplo, aludió a los intereses de la familia del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja en el sector de la seguridad privada.

Una de las personas supuestamente espiadas por la trama, Jesús María Fernández, exfuncionario de Interior, llegó a atribuir el control político de la policía vasca al fallecido miembro de la ejecutiva peneuvista Gorka Agirre, tesis que no cuenta con más respaldo en la instrucción, pero que está extendida en sectores de la Ertzaintza.

El fiscal pide que testifiquen en el juicio dicho exfuncionario, conocido como El Tarta, quien actuaba como enlace entre la UIA y los servicios de inteligencia españoles, y el periodista Jesús María Zuloaga, que dijo al juez haber sentido que le vigilaban cuando visitaba el País Vasco. Su ficha indica la necesidad de determinar sus contactos.

Otra ficha muy citada en la instrucción apunta a que el ex director adjunto de la patronal alavesa SEA Aitor Otaola facilitó información sobre una supuesta irregularidad del ex secretario general de esa patronal, José Manuel Farto, entonces asesor del alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz. "Me acojo a mi derecho a no declarar", respondió el ertzaina Carlos Lau cuando se le preguntó si conocía a dicho directivo, con el que solía coincidir en un gimnasio de la capital alavesa.