Varios testigos declaran que Bellver autorizó el 'parking' sin permiso
Los estudios del Ayuntamiento no contemplaron posibles daños a los jardines
Varios testigos declararon ayer en el Tribunal Superior de Justicia que el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, autorizó la construcción del aparcamiento junto a los Jardines de Monforte sin recabar el obligatorio permiso de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. Esa omisión representa el núcleo de la acusación contra el concejal, que se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística.
Los arquitectos de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Ricardo Sicluna y José Ignacio Casar (aunqu...
Varios testigos declararon ayer en el Tribunal Superior de Justicia que el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, autorizó la construcción del aparcamiento junto a los Jardines de Monforte sin recabar el obligatorio permiso de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. Esa omisión representa el núcleo de la acusación contra el concejal, que se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística.
Los arquitectos de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Ricardo Sicluna y José Ignacio Casar (aunque este último ya desvinculado del departamento) señalaron que la calle de Severo Ochoa donde se excavó el aparcamiento está protegida desde el año 1992 por formar parte del entorno de los jardines. Casar fue más lejos y afirmó que dado que desde esa fecha están pendientes por parte del propio Ayuntamiento de Valencia tanto el desarrollo del plan especial de protección del entorno de Monforte como la declaración de Bien de Interés Cultural del propio jardín romántico, se debería haber sido "especialmente cauteloso" con la ejecución del proyecto.
Árboles y plantas sufrieron con las obras, según un jefe municipal
Frente a la cordial relación entre el Ayuntamiento y Patrimonio que durante el juicio ha tratado de presentar la defensa, como indicio de que la omisión de la petición del informe no tuvo como objeto eludir posibles obstáculos al proyecto, el arquitecto ofreció otra versión. El servicio de Patrimonio y el Consistorio mantienen "una relación en la que se ventilan intereses distintos", declaró; "a veces las cosas van con facilidad y otras veces son muy complicadas".
María Petra Santisteban, también arquitecta de la dirección general y miembro de la comisión municipal de Patrimonio, explicó que en el caso de un aparcamiento proyectado junto a la antigua Tabacalera, se requirió informe sobre el posible impacto de la obra en "la masa arbórea del paseo de la Alameda".
El dato fue significativo porque dicho paseo tiene una protección inferior a la de los Jardines de Monforte y la obra planeada estaba a más de 500 metros de donde se levantan los árboles. En el caso del jardín, en cambio, el enorme agujero necesario para construir el parking de tres niveles se abrió a apenas 20 centímetros del muro que lo rodea.
María Petra Santisteban, jefa de sección administrativa del servicio de Circulación del Ayuntamiento, respondió al fiscal que la advertencia de que la obra requería un informe de Patrimonio debería haberla efectuado el servicio municipal de Planeamiento. Dos de los cuatro acusados que acompañan a Bellver en el banquillo forman parte de dicho departamento.
Resultó igualmente llamativo que los dos redactores del estudio geológico del proyecto que comparecieron ante el tribunal admitieran que su trabajo no contempló los posibles daños a los árboles del jardín. Antonio Marín, del colectivo Cercle Obert, afirmó por su parte que el jefe de servicio de Proyectos Singulares del Ayuntamiento, José María Herrera, le reconoció que el aparcamiento había provocado la aparición de humedades y enfermedades en las plantas del jardín.