De Miguel cuestiona el último informe policial y niega el cobro de comisiones

No ratifica su otra declaración y alega ilegalidades para cuestionar pruebas

El ex número dos del PNV alavés y exdiputado foral, Alfredo de Miguel, cerebro de la supuesta trama corrupta que lleva su apellido, cuestionó ayer, en su segunda declaración como imputado, el último informe de la Ertzaintza sobre el caso, que apunta a un posible cobro de comisiones vinculadas a obra pública. También aseguró que todas las operaciones realizadas por Kataia Consulting, principal "empresa pantalla" de una nutrida red de compañías, según la instrucción, se corresponden con transacciones legales, incluso en el caso de los trabajos cuya realización no consta en los arch...

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El ex número dos del PNV alavés y exdiputado foral, Alfredo de Miguel, cerebro de la supuesta trama corrupta que lleva su apellido, cuestionó ayer, en su segunda declaración como imputado, el último informe de la Ertzaintza sobre el caso, que apunta a un posible cobro de comisiones vinculadas a obra pública. También aseguró que todas las operaciones realizadas por Kataia Consulting, principal "empresa pantalla" de una nutrida red de compañías, según la instrucción, se corresponden con transacciones legales, incluso en el caso de los trabajos cuya realización no consta en los archivos del Gobierno vasco, que suman unos 200.000 euros.

Sin esconderse de las cámaras a su llegada al Palacio de Justicia, De Miguel se mostró dispuesto a dar batalla tanto en sede judicial como en el frente mediático, afirmando ser objeto de un "juicio paralelo" que ya le ha declarado culpable, pasando al ataque contra los medios que informan sobre la presunta trama corrupta. Fueron ocho tensas horas de declaración en las que el exdiputado foral se esmeró en encontrar respuestas que sonaran creíbles a las múltiples cuestiones incluidas en el informe policial. Tampoco quiso ratificarse en lo afirmado en su primera declaración, según varias fuentes presenciales.

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Sobre las comisiones del 4% que un constructor afín pagó a la trama tras conseguir dos contratos de obras públicas en Lapuebla de Labarca y Zigoitia, gobernados entonces por el PNV, constatadas por la Ertzaintza, De Miguel negó cualquier ilegalidad en estas operaciones. Sobre el 4% que aparece de forma recurrente en la documentación encontrada en el domicilio de los imputados, dijo que ese porcentaje era lo que se planteaban cobrarle a las compañías por tramitarles acreditaciones de "calidad". De Miguel también contradijo lo afirmado en sede judicial por el también exdirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano, atribuyéndole la responsabilidad de llevar la contabilidad de Kataia Consulting y rebajando la presión sobre su hermana Aintzane, también imputada, que tenía un papel administrativo menor, según sostuvo.

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De Miguel, que mientras era número dos del partido y gerente de varios industrialdeas empezó a constituir un entramado de empresas para entrar en negocios vinculados a la administración pública al calor de distintos gobiernos del PNV, quiso destacar que su patrimonio es solo fruto de su trabajo y recalcó que la facturación de Kataia en los ejercicios apenas llegó a los 260.000 euros.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria, apunta a que la compañía no nació para dar beneficios basándose en un proyecto empresarial sólido, sino para encubrir y blanquear comisiones ilegales y beneficiarse de contratos públicos de los que no consta su realización.

A preguntas de su letrado, De Miguel quiso recalcar que jamás ha entregado dinero al PNV. Sobre la acalorada discusión que grabó hace varios años con un dirigente local del PNV que le reclamaba un "dinero" que había llegado para él al Araba Buru Batzar presidido por Iñaki Gerenabarrena, De Miguel se alineó con lo declarado por el citado dirigente, J. M. R., y lo atribuyó a una cuestión de cuentas vinculada a unas cenas del partido.

El exdiputado foral abundó en la tesis de que varias operaciones realizadas con dinero en efectivo por la trama, -la Ertzaintza detectó prácticas de blanqueo de capitales- se hacían así porque no quería tener demasiado dinero en la cuenta después de que el Cuerpo Nacional de Policía, según sostuvo, le dijera que apareció en unos papeles de ETA incautados a Mikel Antza, entonces máximo dirigente de la banda terrorista y detenido en 2004.

En concreto, sobre una operación en la que la mujer de Ochandiano, Iratxe Gaztelu, también imputada, retiró 30.000 euros de la cuenta de Kataia, que estaba a nombre de las esposas de los exdirigentes del PNV y no al suyo, para entregárselos, De Miguel no supo explicar dónde guardaba el dinero tras recibirlo. Primero dijo que no iba a responder y después precisó que no se acordaba. El ex número dos del partido en Álava cuestionó también la legalidad de varias pruebas en su contra, como una factura por el pago de unas obras en un piso de su mujer en Górliz que terminó siendo abonada por un constructor afín.

Sobre la operación recalificación de terrenos en Zambrana, en la que De Miguel cobró cerca de 200.000 euros a través de Kataia y otra empresa, Eskalmelo, aseguró que los pago se corresponden con trabajos realizados. Varios de los informes supuestamente encargados a Kataia por la compañía que intermedió en la operación, Sidepur, no han aparecido. Sobre el préstamo que la trama recibió de una empresa vinculada a la recalificación, Enginergy, De Miguel respondió que todavía no habían devuelto un solo euro del crédito porque todavía tienen tiempo para ello. El plazo vence a mediados de 2012, fecha a partir de la cual la compañía podría reclamarles la propiedad de las tierras. La investigación maneja la hipótesis de que ambas operaciones encubren comisiones.

En Zambrana, De Miguel dijo desconocer si era compatible ser cargo de la sociedad pública encargada de operaciones con suelo industrial, Sprilur, mientras mantenía una actividad mercantil paralela en el mismo sector. Sí reconoció que no avisó a la Diputación de que podía incurrir en un conflicto de intereses cuando impulsó como diputado foral, a pesar de que los informes técnicos consideraban la operación inviable, la recalificación. También aseguró que, en general, existe bastante información exculpatoria en los discos duros incautados en su domicilio por la policía y dio las direcciones de acceso para que sea encontrada.

Sobre los tres trabajos que Kataia realizó para el Departamento de Cultura, cuya realización no consta en los archivos, todos adjudicados por su amigo y entonces responsable de Juventud Xabier Sánchez Robles, De Miguel aportó uno de los mismos, aunque no pudo explicar por qué la copia no está en el registro ni tiene nada que indique que su realización sea del año 2007. Sobre por qué se contrató a Kataia para este encargo a pesar de no tener experiencia para ello, recalcó que él había sido monitor de campamento.

Ofensiva contra la letrada que destapó el caso

La defensa de Alfredo de Miguel, dirigida por Gonzalo Susaeta, mantiene firme su ofensiva contra Ainhoa Alberdi, la abogada que destapó el caso con su denuncia de un presunto intento de extorsión. El turno de preguntas de la defensa sirvió para seguir intentando desacreditar su versión, respaldada por varios correos electrónicos y una veintena de grabaciones que entregó a la justicia cuando se propuso denunciar los hechos. Ayer, De Miguel sugirió que su testimonio podría adolecer de incompatibilidad debido a que ella había sido su letrada durante varios años.

Los abogados de las defensas del núcleo duro de la trama, cuyo número de imputados asciende a 18 de momento, también insisten en conocer en detalle las cuentas de la actual compañía de Alberdi en sus múltiples requerimientos al Juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria.

De Miguel negó que hubiera exigido a la letrada "pasar por caja" para compartir con él y Aitor Tellería parte de los 441.000 euros que había cobrado por asesorar el proceso de ampliación del parque. Alegó que ella se negó a pagar unos compromisos adquiridos por el antiguo propietario de Urbanorma, el constructor Jon Iñaki Echaburu, también imputado. Por ello, argumentó el exnúmero dos del PNV alavés, la letrada recurrió a la táctica de denunciar un chantaje. Tanto el juez instructor, Roberto Ramos, como el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, y los agentes de la Ertzaintza implicados en el caso se decantan por la versión de la denunciante, según se desprende del contenido del sumario de la causa, que ronda ya los 15.000 folios de extensión.

La declaración de De Miguel cierra la nueva ronda de citaciones, a la espera de que el próximo 3 de noviembre declare Aintzane de Miguel, hermana del cerebro de la supuesta trama corrupta y contable de varias de las empresas del núcleo duro de la trama, como Kataia Consulting o Errexal.

Poco antes de comenzar su declaración ante el juez, De Miguel se mantuvo fiel a la teoría de la conspiración que ha ido alimentando en los "19 largos meses" que lleva abierta la investigación, afirmando que las "filtraciones interesadas" le han causado una indefensión absoluta. En su intervención no accedió a responder a preguntas sobre el caso.

De Miguel dijo también que desea "colaborar con la justicia" porque es el primer interesado en "esclarecer" lo ocurrido.

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