Ares asegura que ya ha aceptado demandas de los escoltas
Los guardaespaldas creen "precipitada" la reducción de los servicios
Tras varias semanas de polémica y acusaciones, representantes de los escoltas vascos se reunieron ayer durante una hora con el consejero de Interior, Rodolfo Ares. En la cita, solicitada por la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y celebrada en Bilbao, los guardaespaldas trasladaron su preocupación por la reducción de servicios que se comenzó a implantar el 1 de septiembre. El titular de Interior les aseguró que responde a un análisis individualizado de riesgos. Y les transmitió, además, que algunas de las propuestas planteadas por los profesionales para mitigar la pérdida de emple...
Tras varias semanas de polémica y acusaciones, representantes de los escoltas vascos se reunieron ayer durante una hora con el consejero de Interior, Rodolfo Ares. En la cita, solicitada por la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y celebrada en Bilbao, los guardaespaldas trasladaron su preocupación por la reducción de servicios que se comenzó a implantar el 1 de septiembre. El titular de Interior les aseguró que responde a un análisis individualizado de riesgos. Y les transmitió, además, que algunas de las propuestas planteadas por los profesionales para mitigar la pérdida de empleos prevista ya se han comenzado a implantar.
Ares recordó a los escoltas, como ya había trasladado anteriormente a sus empresas y los sindicatos, que su departamento ya ha hecho pública la decisión de que 147 ertzainas de la unidad de acompañamientos dejen de realizar esos servicios para dedicarse en exclusiva a tareas de contravigilancia. Un cambio de funciones que abre la puerta a los guardaespaldas. Además, el consejero recordó que Euskadi ha sido la primera comunidad que ha puesto en marcha un servicio de vigilancia privada para las víctimas de la violencia machista que utilizan, a día de hoy, 52 usuarias.
500 profesionales perderán su puesto al rebajarse la protección personal
Son, en conjunto, 200 nuevas plazas que suavizarán el creciente desempleo entre los escoltas, aunque la asociación matizó ayer que cuando finalice la reducción de servicios prevista, en torno a mayo, serán cerca de medio millar los despidos. Por eso demandó al consejero otro tipo de medidas, como la búsqueda de fórmulas para la jubilación anticipada. Ares dejó claro que es una materia que compete al Gobierno central.
Tras el encuentro con Ares, los escoltas comparecieron ante los medios de comunicación para ofrecer su propia valoración de la reunión. El presidente de la asociación, Santiago Fontenla, juzgó "precipitada" la reducción de la escolta a cargos políticos, ya que ante ETA "no caben las alegrías ni los descuidos". Según recriminó, es una decisión que responde al "excesivo optimismo" con el que los dirigentes, a su juicio, están interpretando el final del terrorismo. En contraposición, garantizó que el colectivo de profesionales que sigue en activo mantiene su nivel de alerta "al 100%". En este sentido, advirtió su pretensión de emprender acciones legales contra el consejero y su equipo si, pese a la evaluación de riesgos, se produce cualquier tipo de ataque a las personas amenazadas.
Fontenla confesó también sentirse "decepcionado" por salir de la reunión "con la misma incertidumbre" respecto a unos despidos "masivos" que, según añadió, se están registrando "de forma escalonada y por la puerta de atrás". "En los últimos años hemos realizado una labor de protección muy importante y, la verdad, esperábamos un poco más de aquellos a quienes hemos defendido y por los que en muchas ocasiones nos hemos jugado la vida", lamentó. Las únicas muestras de apoyo las han recibido "a título individual" y "solo por parte de algunos" de los amenazados.
En las últimas semanas, los escoltas han amenazado con protestas e incluso una huelga de hambre si las autoridades no aportan solución a sus despidos. El partido más receptivo con ellos ha sido el PP, que incluso a nivel nacional ha reivindicado una bonificación para los escoltas en las pruebas de acceso a la Función Pública. Tres cuartas partes de los guardaespaldas que ejercen en Euskadi proceden de otras regiones.