El 90% de los vascos pide quitar las ayudas a quien rechace trabajar

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales equilibró ayer con un sondeo el debate que ha suscitado el pacto entre el Gobierno y el PP para sacar adelante la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008. Tras una semana recibiendo críticas de colectivos sociales, sindicatos, parte de los grupos parlamentarios -Aralar, EB, EA, UPyD y PNV- y la Diputación de Gipuzkoa, Zabaleta presentó los resultados de un sondeo realizado por su departamento con 1.003 personas con el que se testaron, antes de hacerse públicos el 12 de septiembre, algunos de los cambios ...

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales equilibró ayer con un sondeo el debate que ha suscitado el pacto entre el Gobierno y el PP para sacar adelante la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008. Tras una semana recibiendo críticas de colectivos sociales, sindicatos, parte de los grupos parlamentarios -Aralar, EB, EA, UPyD y PNV- y la Diputación de Gipuzkoa, Zabaleta presentó los resultados de un sondeo realizado por su departamento con 1.003 personas con el que se testaron, antes de hacerse públicos el 12 de septiembre, algunos de los cambios de la reforma.

Los resultados no dejan lugar a dudas en torno al objetivo principal de la reforma, la vinculación de las dos ayudas principales -la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda- con el empleo, algo que el Gobierno hará desde Lanbide. El 97% apoya que los perceptores se muestren favorables a encontrar un empleo, algo que la consejera defendió como la "puerta de salida" del sistema de ayudas que, por otro lado, la ciudadanía valora, ya que el 95,5% desearían tener ayudas sociales si dejaran de tener ingresos.

Elude preguntar por los tres años de padrón por no ser "importante"

En este sentido, los ciudadanos también están a favor -el 88,8%- de que quienes reciben ayudas las pierdan si rechazan un empleo o un curso de formación y de que trabajen en labores comunitarias tanto de emergencia, como nevadas o inundaciones -lo respaldan el 82,8%-, como otras en condiciones normales, el 79,6%. Contundencia también en torno al fraude y el control, otra de las bases de la reforma. El 82,4% cree que existe el fraude social y el 97,2% opina que las instituciones deben controlar el cobro de las ayudas -el 95,4% en el caso de los 63 perceptores de RGI encuestados-. Zabaleta aseguró que "Lanbide está preparado para evitar el fraude" y valoró que será más sencillo controlar las "rendijas" desde una única institución -hasta ahora había tres implicadas en la gestión de ayudas-. El Servicio vasco de Empleo tramitará las ayudas con sus orientadores laborales y personal administrativo. Al menos durante los primeros meses, habrá mejoras para responder a la demanda motivada por los expedientes de ayudas.

Sin embargo, el departamento ha evitado realizar el sondeo sobre la cuestión más polémica: la ampliación del requisito de empadronamiento de un año a tres para quienes no puedan acreditar uno de alta en el censo y otros cinco de cotización en la Seguridad Social en cualquier comunidad autónoma -requisito de vida laboral sí ha sido sondeado: un 88% lo considera "justo"- . Preguntada por esta sorprendente omisión, Zabaleta respondió que "hemos hecho las preguntas sobre los asuntos más importantes de la reforma" y aseguró que "la reforma de la ley no modifica el año de empadronamiento, solo introduce un requisito".

Numerosos colectivos han censurado que el endurecimiento afectará a los inmigrantes pero Zabaleta aseguró ayer que no va dirigido a ellos sino a otros, como los estudiantes de otras comunidades que se costean la universidad con las ayudas. Hoy "la ley lo permite y no lo puede permitir", criticó Zabaleta, que aseguró que estos casos han "desvirtuado" la ley. La consejera no dio datos de cuántas personas están en esta situación ni detalló cuántos inmigrantes han participado en el sondeo. Ayer el departamento explicó la reforma en la Mesa de Diálogo Civil, con críticas de las organizaciones vinculadas a la inmigración y la pobreza.