Justicia y política
Acompasar los tiempos de la justicia con los tiempos de la política no es nada fácil. Incluso podría pensarse que no es siquiera deseable, porque la justicia y la política tienen que transitar guardando siempre las distancias. Pero ambas están al servicio de la sociedad y ambas deben responder a los problemas y a los cambios que esta vive. Son de actualidad dos casos judiciales que ponen en evidencia la complejidad de las relaciones entre justicia y política: el caso Faisán y el caso Otegi.
Tres responsables policiales, Víctor García Hidalgo, Enrique Pamies y José María Ba...
Acompasar los tiempos de la justicia con los tiempos de la política no es nada fácil. Incluso podría pensarse que no es siquiera deseable, porque la justicia y la política tienen que transitar guardando siempre las distancias. Pero ambas están al servicio de la sociedad y ambas deben responder a los problemas y a los cambios que esta vive. Son de actualidad dos casos judiciales que ponen en evidencia la complejidad de las relaciones entre justicia y política: el caso Faisán y el caso Otegi.
Tres responsables policiales, Víctor García Hidalgo, Enrique Pamies y José María Ballesteros han sido acusados de colaboración con banda terrorista por el chivatazo a Joseba Elosegui, durante la última tregua de ETA. Que el caso Faisán haya podido llegar a este extremo es un atentado a la razón. Estos tres policías llevan sobre sus espaldas decenas de detenciones de etarras y han tenido una contribución decisiva en el acorralamiento que ha llevado a ETA al borde de la desaparición.
Es ridículo que haya tenido que convocarse el pleno de la Sala Penal para deshacer el entuerto
Basta un segundo de sensatez para saber que es imposible que hayan actuado para ayudar y favorecer a la organización terrorista. No solo es una imputación disparatada, sino una humillación para personas que se jugaron la vida contra la organización con la que ahora se les relaciona. Es un despropósito querer convertir el caso en un debate técnico sobre si es necesaria o no la voluntad de favorecer a la banda para poder calificar el acto como colaboración y es ridículo que haya tenido que convocarse el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para deshacer el entuerto.
¿Por qué se ha podido llegar a tan absurda situación judicial? Por una razón muy sencilla: porque la derecha española, desde el liderazgo de Aznar, decidió utilizar políticamente la lucha contra ETA para la destrucción del adversario. Y ha construido sobre ella todo un aparato mediático de coacción y de presión.
En la tregua de Argel, Fraga se mostró siempre a disposición del Gobierno por si podía ayudar en algo. La última tregua, el PP la convirtió en una guerra permanente contra el Gobierno. Solo después de perder en 2008, Rajoy comprendió que esta crispación, además de irresponsable, era contraproducente para él. El chivatazo no evitó las detenciones. No se sabe muy bien en qué benefició a ETA. La justicia ha de ser imparcial, pero no insensible a las circunstancias, al rol y a las motivaciones de cada uno.
La condena a Otegi por contribuir a elaborar la estrategia política de ETA entra directamente en la cuestión de los tiempos de la justicia. Da la impresión de que se ha dictado una sentencia para tiempos que ya han pasado, cuando el País Vasco ha entrado ya en otra etapa política.
Por supuesto, la prescripción judicial y la prescripción política no se corresponden en absoluto. Y las razones jurídicas siempre serán distintas de las razones políticas. Pero la realidad es que, en el País Vasco, la izquierda abertzale ha entrado en una fase de incorporación al sistema democrático que hace cada vez más difícil y más absurdo el retorno de ETA. Y en este proceso Otegi ha jugado un papel positivo.
Evidentemente, hay un argumento a favor de la dureza de los jueces. Si ETA ha permitido que la izquierda abertzale diera los pasos que ha dado es porque ha sido desarbolada por la presión política que le ha aislado y por la presión policial y judicial que la ha dejado en mínimos operativos.
Se puede argumentar por tanto que la condena a Otegi es un episodio más de una presión asfixiante que es el único lenguaje que ETA entiende. Y que mientras ETA no ponga el cierre no hay por qué renunciar a una estrategia de presión que ha sido eficaz.
Pero es legítimo también tener en cuenta un dato esencial: el éxito electoral de Bildu en las elecciones vascas es, en gran parte, un voto a favor del fin de la violencia, y la izquierda abertzale sabe por experiencia que no puede abandonar este camino, porque el hundimiento electoral sería inmediato. El final de un proceso de violencia se acelera si se sabe aprovechar el momento en que los terroristas ya solo son un lastre para los suyos. Quizás ha llegado la hora. La sentencia puede cambiar en otras instancias pero, de momento, parece antigua. Aunque hay mentes malintencionadas que piensan que los jueces que han condenado a Otegi no han razonado conforme a tiempos pasados sino con lógica de tiempos venideros: el regreso del PP.