Los colegios concertados piden a Celaá que compense su recorte salarial

Las cinco patronales que representan a los colegios concertados -Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, AICE-IZEA, Ikasgiltza y EIB- hicieron público ayer un comunicado conjunto en el que reclaman a la consejera de Educación, Isabel Celaá, que "haga extensible a la red concertada" la medida que anunció sobre los trabajadores del Consorcio Haurreskolak, a los que devolverá el dinero de los recortes salariales.

Celaá anunció el lunes que el Consorcio Haurreskolak, en el que participan Educación y los Ayuntamientos, pagará a la plantilla de las escuelas infantiles el dinero retenido el pasado...

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Las cinco patronales que representan a los colegios concertados -Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, AICE-IZEA, Ikasgiltza y EIB- hicieron público ayer un comunicado conjunto en el que reclaman a la consejera de Educación, Isabel Celaá, que "haga extensible a la red concertada" la medida que anunció sobre los trabajadores del Consorcio Haurreskolak, a los que devolverá el dinero de los recortes salariales.

Celaá anunció el lunes que el Consorcio Haurreskolak, en el que participan Educación y los Ayuntamientos, pagará a la plantilla de las escuelas infantiles el dinero retenido el pasado año como consecuencia de la reducción de la aportación del departamento motivada por las medidas anticrisis del Ejecutivo central. El recorte salarial fue declarado no ajustado a derecho por el Tribunal Superior y Celaá anunció que acatarán el fallo con la paga extra de este mes.

La red concertada se halla en una situación similar que el consorcio: redujo los sueldos por haber recibido menos dinero del departamento y fue condenada en distintas sentencias a pagar los salarios íntegros. Educación fue absuelta en todas las sentencias, pero, al ser parte del consorcio, resultó indirectamente condenada a pagar.

La red concertada al completo, que acoge a la mitad del alumnado en Euskadi, pidió ayer el mismo trato para sus trabajadores y criticó al departamento por solicitarles que aguanten las presiones sindicales y, al mismo tiempo, ceder ante "las medidas de presión" de los trabajadores del consorcio, que han mantenido varios paros después de que se conocieran las sentencias.

El departamento no tardó en replicar en otra nota argumentando que no aportará dinero extra al consorcio para realizar el pago. Esta acción sería ilegal porque obviaría la ley de modificación de los presupuestos de 2010 que permitió los recortes. Este mismo argumento invalida la posibilidad del departamento de pagar a los centros concertados para que abonen los sueldos como exige el tribunal.

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