"Hay que racionalizar el servicio"
El conflicto entre los abogados de turno de oficio y la Comunidad, podría resumirse en dos partes: la económica y la de fondo. En el conflicto económico, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, entona -en parte- un mea culpa. "Les adeudamos cuatro millones de euros desde el año pasado y lo vamos a regularizar cuanto antes". Respecto a la actualización de las tarifas del turno, congeladas desde 2003, se muestra tajante: "No vamos a actualizarlas un 30%, como piden, con la que está cayendo", dice Granados.
Pero el meollo es la filoso...
El conflicto entre los abogados de turno de oficio y la Comunidad, podría resumirse en dos partes: la económica y la de fondo. En el conflicto económico, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, entona -en parte- un mea culpa. "Les adeudamos cuatro millones de euros desde el año pasado y lo vamos a regularizar cuanto antes". Respecto a la actualización de las tarifas del turno, congeladas desde 2003, se muestra tajante: "No vamos a actualizarlas un 30%, como piden, con la que está cayendo", dice Granados.
Pero el meollo es la filosofía tras la ejecución del servicio. La Comunidad opina que el Colegio de Abogados de Madrid no hace lo suficiente por racionalizarlo. "Siempre nos hemos quejado de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y de la aplicación que de esa ley se hace por parte del Colegio y el turno de oficio. Desde que tenemos la competencia, hace cinco años, la progresión de la factura ha sido exponencial, ha pasado de seis millones de euros a más de 50", comenta. "Esto no es como la sanidad y la educación, que son universales y gratuitas. La asistencia legal es gratuita para el que acredita que no la puede pagar, pero en la practica, el abogado reconoce el derecho casi indiscriminadamente". Los letrados del turno se quejan de que se está restringiendo el acceso por la vía burocrática, al exigir requisitos imposibles, como sucede en el caso de los presos. Granados no está de acuerdo: "No pueden decir que se le haya restringido este servicio a nadie que tuviera derecho al mismo. La cuestión es que hay que racionalizar el servicio y ellos no quieren ser quien fiscalice".