Petición oficial en el 'caso Margüello'
El Gobierno presentó ayer el escrito en el que reclama la nulidad de las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao en torno al caso de supuesta prevaricación cometida por el exdirector de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga. El caso, una de las ramas más importantes del conocido como caso Margüello, fue sobreseído provisionalmente por el juez la pasada semana. El Ejecutivo ha decidido pedir la nulidad de las actuaciones porque el juez rechazó su personación en la causa al entender que no era parte afectada. Los abogados de la Viceconsejería de Régimen Jurídic...
El Gobierno presentó ayer el escrito en el que reclama la nulidad de las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao en torno al caso de supuesta prevaricación cometida por el exdirector de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga. El caso, una de las ramas más importantes del conocido como caso Margüello, fue sobreseído provisionalmente por el juez la pasada semana. El Ejecutivo ha decidido pedir la nulidad de las actuaciones porque el juez rechazó su personación en la causa al entender que no era parte afectada. Los abogados de la Viceconsejería de Régimen Jurídico entienden debido a esta decisión el Gobierno no ha podido presentar documentación relevante en el caso. De ser aprobada la nulidad, la instrucción se retrotraería hasta el momento en que el juez rechazó la personación del Gabinete.
Además, está previsto que la Fiscalía de Vizcaya recurra el sobreseimiento de la causa. El juez entiende en su auto que sí hubo irregularidades en la actuación de Elorriaga, pero no constituyen un delito de prevaricación.
La investigación de la supuesta prevaricación era, hasta ahora, la que más avanzada estaba entre el conjunto de actuaciones judiciales acbiertas por el caso Margüello. El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao está instruyendo lo que se considera el eje de las presuntas irregularidades en la contratación de servicios sanitarios por el anterior Gobierno -malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios-. La fiscalía del Tribunal de Cuentas nacional también ha presentado una denuncia por malversación y fraude.