La fiscalía destinará a usos sociales los coches decomisados por imprudencias

La fiscalía trabajará de la mano con el Gobierno vasco en la erradicación de las conductas "insolidarias" en la carretera para reducir el número de accidentes. La colaboración entre ambas administraciones contempla como principal novedad la extensión a Euskadi del decomiso de vehículos que en otras zonas de España se aplica ya a los conductores que reinciden en imprudencias graves al volante. El fiscal responsable de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, aclaró ayer que los automóviles retirados cumplirán una finalidad social y que se destinarán a instituciones, asociaciones sin ánimo de lucro e i...

La fiscalía trabajará de la mano con el Gobierno vasco en la erradicación de las conductas "insolidarias" en la carretera para reducir el número de accidentes. La colaboración entre ambas administraciones contempla como principal novedad la extensión a Euskadi del decomiso de vehículos que en otras zonas de España se aplica ya a los conductores que reinciden en imprudencias graves al volante. El fiscal responsable de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, aclaró ayer que los automóviles retirados cumplirán una finalidad social y que se destinarán a instituciones, asociaciones sin ánimo de lucro e incluso a víctimas de accidentes.

Vargas dio publicidad a la medida en Bilbao, durante una visita de trabajo en la que mantuvo encuentros con fiscales y jueces vascos, así como con responsables de las consejerías de Justicia e Interior, para analizar la implantación en Euskadi de distintas iniciativas derivadas de la reforma del Código Penal, vigente desde el pasado mes de diciembre. Según aclaró, la cesión para fines sociales pretende facilitar un uso "educativo" y una salida rápida a los vehículos decomisados, frente al "lento" sistema actual de subastas, para evitar que se "eternicen" en los depósitos y pierdan su valor.

La lucha contra la conducción bajo el efecto de las drogas se intensificará

No es la única iniciativa en la que pretenden colaborar el ministerio público y el Ejecutivo autónomo. Ambas administraciones perseguirán también la manipulación de los tacógrafos. La pretensión es especialmente ambiciosa en Euskadi, una comunidad que soporta en sus carreteras un intenso tráfico pesado. Vargas denunció que hay una "minoría" de empresarios "insolidarios" que, con la pretensión de optimizar los beneficios, inutilizan el mecanismo que limita la velocidad de los camiones para "explotar" a los transportistas, poniendo "en riesgo" la seguridad de los demás conductores. Según advirtió, estos fraudes serán considerados falsedad documental y podrán conllevar penas de hasta tres años de cárcel.

En la misma línea, la coordinación se estrechará en la lucha contra la conducción bajo el efecto de las drogas, una materia en la que Vargas destacó a Euskadi como una comunidad "pionera". Según añadió, sin embargo, la nueva legislación aporta "mayor seguridad jurídica" para intensificar los controles y castigar a los infractores por la vía penal. El fiscal reveló que los análisis efectuados determinan que uno de cada diez conductores circulan bajo la influencia de sustancias estupefacientes y que la tasa asciende incluso al 20% "si se sube el punto de corte a niveles europeos". "Llevamos dos décadas estudiando la influencia del alcohol al volante, pero apenas se ha incidido en el impacto de las drogas, sobre todo en las facultades visuales", alertó.

Junto a las distintas medidas para reducir el número de siniestros, la fiscalía y el Gobierno se coordinarán también en defensa de los derechos de las víctimas de accidentes. En concreto, para estudiar la reforma del baremo de indemnizaciones para que sean "más justas".

Vargas compareció en la sede del Tribunal Superior vasco junto al representante del ministerio público en la comunidad autónoma, Juan Calparsoro, quien añadió que las distintas iniciativas planteadas comenzarán a aplicarse de forma "inmediata". Al acto asistió también la directora de Tráfico del Ejecutivo, Amparo López, quien agradeció la implicación de la fiscalía en una materia como la seguridad vial, a la que la actual consejería de Interior ha pretendido dar un espaldarazo.