Lo real
El festival portugués Fantasporto ha concedido un premio a la película A serbian film poco después de que el fiscal de Barcelona presentara una denuncia contra el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, por haber proyectado esa misma película en la pasada edición. Estos escándalos de andar por casa reciben una atención histérica. Son portada y asunto de tertulia televisiva para transmitir al consumidor la falsa idea de debate y profunda reflexión, cuando termina por fomentar la legislación amarillista, un nuevo género penal.
Bastaba con que la fiscalía hubiera exigido un cer...
El festival portugués Fantasporto ha concedido un premio a la película A serbian film poco después de que el fiscal de Barcelona presentara una denuncia contra el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, por haber proyectado esa misma película en la pasada edición. Estos escándalos de andar por casa reciben una atención histérica. Son portada y asunto de tertulia televisiva para transmitir al consumidor la falsa idea de debate y profunda reflexión, cuando termina por fomentar la legislación amarillista, un nuevo género penal.
Bastaba con que la fiscalía hubiera exigido un certificado al país de origen donde se asegurara que para el rodaje de la película no se habían maltratado ni niños, ni fetos, ni animales. Puestos a creer que todo lo que se muestra en una pantalla es real, pronto detendrán a Christopher Lee acusado de morderle la yugular a varias jovencitas vírgenes o cursarán orden de arresto contra Al Pacino por el asesinato de su hermano y así de paso resolver la más turbia trama de la saga de El Padrino.
Los delitos se persiguen por su realidad, no por su representación, por burda y grosera que sea. La alarma que genera todo lo relacionado con la infancia puede que acabe por invadir nuestra representación de ese mundo; si necesita delimitarse, tendría que hacerse sin arrebatos particulares. Hasta ahora, las juntas de calificación imponen limitaciones para exhibir materiales comerciales en función de su contenido, con ese gesto el Estado advierte al consumidor adulto y le permite decidir en conciencia.
El acuerdo de socialistas y populares finiquitó el derecho a la justicia internacional. España renunció a procesar crímenes no juzgados en sus países de origen, como el de Pinochet o los responsables del Ejército israelí que causaron una matanza sobre civiles para cazar en su vivienda a un terrorista. Si hay ganas de ampliar los límites del derecho existe un terreno fecundo en la explotación financiera de las hipotecas impagadas o en el derribo de las infraviviendas de la Cañada Real, donde las garantías constitucionales están amenazadas.
Es una lástima confundir la ficción con lo real cuando ahí fuera sobran las razones para actuar, con la ley y el sentido común, sobre tantas realidades mucho más insultantes e injustas que cualquier ficción.