Una patada hacia delante
¿Qué ha pasado aquí? La primera pulsión de las cajas ante los borradores del decreto-ley "para el reforzamiento del sistema financiero", de 18 de febrero, fue protegerse del poder más próximo (ya cómplice, ya asfixiante), el de las comunidades autónomas.
Si se las obligaba a convertirse en fundaciones con bancos colgando de ellas, como en Italia, corrían el peligro, pelín abstracto, de difuminar su identidad. Pero también un riesgo cierto: la doble vigilancia a la que están sometidas, del Banco de España y de su respectiva comunidad, quedaría sometida a tutela única, la más política, la...
¿Qué ha pasado aquí? La primera pulsión de las cajas ante los borradores del decreto-ley "para el reforzamiento del sistema financiero", de 18 de febrero, fue protegerse del poder más próximo (ya cómplice, ya asfixiante), el de las comunidades autónomas.
Si se las obligaba a convertirse en fundaciones con bancos colgando de ellas, como en Italia, corrían el peligro, pelín abstracto, de difuminar su identidad. Pero también un riesgo cierto: la doble vigilancia a la que están sometidas, del Banco de España y de su respectiva comunidad, quedaría sometida a tutela única, la más política, la de los Gobiernos autónomos, pues las fundaciones dependen solo de estos. Ganaron con fluidez ese pulso.
La reforma de las cajas no resuelve la exclusión social ni asegura los necesarios "núcleos duros"
Y luego vino el péndulo inverso. En las flexibilizaciones al proyecto figuraron algunas pedidas por las entidades: calificar como capital principal ciertas obligaciones convertibles, o ampliar plazos para allegar capital privado saliendo a Bolsa.
Pero sobre todo se arbitró un amplio periodo, de hasta dos años, para la eventual recompra de las acciones en manos del fondo de rescate (FROB), bien por los poderes territoriales, bien por inversores privados amicales (Título II, Capítulo II, Artículo 8).
"El decreto-ley es una patada hacia delante en el calendario", concluye un gran cajero: "si el Gobierno entraba como accionista a través del FROB, las comunidades se veían expulsadas de las cajas; si llegaba el capital privado sin condiciones, temían que se las quedase por cuatro duros". Es decir, da árnica y plazo a las autonomías, ya despojadas de su poder de autorizar / vetar fusiones en caso de crisis por el decreto creador del FROB de 27 de junio de 2.009, recurrido al Constitucional por cuatro Gobiernos autónomos.
Digamos que este pulso ha saldado la tensión Banco de España / comunidades en favor de aquel, aunque ya no por goleada abrumadora. El Gobierno actuó de árbitro, entre el regulador, y catalanes y vascos, más cercanos a las cajas.
Al final de todas estas aventuras, el resultado desde el punto de vista de la eficiencia del sistema parece que será poco discutible, salvo quizá por las súbitas crueldades del método: el mayor tamaño, la mejor solvencia y una arquitectura más transparente y profesional (donde no la había, que había de todo) deberían ahuyentar las amenazas al sistema financiero y las asechanzas de los mercados a la deuda soberana española.
Desde la óptica de la equidad, tantos decretos aún no satisfacen una necesidad clave: cómo evitar que la bancarización aboque a la exclusión financiera de millones de familias. No es cuestión de nostalgias ni de caridades. Eficiencia y equidad son el alfa / omega de toda política económica perdurable.
Y aún queda otra incógnita que ni el Gobierno ni el Banco de España ni el conjunto de las entidades resuelven. ¿Quién sustituirá el rol de ancla en las empresas industriales y de servicios que las cajas desempeñan? ¿Quién hará de núcleo duro, estable, en un capitalismo de matriz más renana (banca / empresa) que anglosajona (Bolsa / empresa)? Porque entre las 1.400 compañías en las que participan las cajas, las hay de toda laya: basura y joyas, cotizadas y no, maduras y start ups. Habrá que racionalizar y discriminar, sí. Pero ¿también abandonarlo todo a su suerte?