El vecino que tumbó a la alcaldesa

"Estoy satisfecho porque la justicia ha hecho honor a la verdad, pero también triste porque con esto pierde el pueblo. Estas cosas no pueden suceder". José María Zarate, un vecino de Zamudio de 50 años, ha podido con su alcaldesa, la peneuvista Sorkunde Aiarza, quien el pasado lunes ha tenido que abandonar su cargo condenada en firme por la justicia. Aiarza se queda sin poder optar durante los próximos nueve años a la reelección que pretendía ni a ningún otro cargo público -figuraba también en las listas peneuvistas a las Juntas de Vizcaya en los comicios de mayo-. La Audiencia vizcaína le ha ...

"Estoy satisfecho porque la justicia ha hecho honor a la verdad, pero también triste porque con esto pierde el pueblo. Estas cosas no pueden suceder". José María Zarate, un vecino de Zamudio de 50 años, ha podido con su alcaldesa, la peneuvista Sorkunde Aiarza, quien el pasado lunes ha tenido que abandonar su cargo condenada en firme por la justicia. Aiarza se queda sin poder optar durante los próximos nueve años a la reelección que pretendía ni a ningún otro cargo público -figuraba también en las listas peneuvistas a las Juntas de Vizcaya en los comicios de mayo-. La Audiencia vizcaína le ha condenado por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) por derribar una obra.

"Esto pasa en muchos pueblos, pero no se denuncia", asegura Zarate

La lucha de un vecino contra el poder ha caído del lado menos habitual. "Que se gane contra un Ayuntamiento es un milagro", apunta Zarate, en la puerta de su caserío en Zamudio. Este vecino ya irritó a la Diputación de Vizcaya en la década de los noventa al revelar la existencia de unos restos históricos en el trazado previsto para el corredor del Txorierri, la carretera de circunvalación en torno a Bilbao abierta en 2003. Esos restos formaban parte de la ruta juradera del Camino de Santiago. El trayecto tuvo que variarse con un sobrecoste de seis millones de euros. "Cuando ahora he tenido este problema, te pasan la factura", opina, tras recordar que entonces el alcalde era el padre de Sorkunde Aiarza.

El litigio que ha supuesto la inhabilitación de la alcaldesa tiene su origen en el uso del camino rural del barrio donde reside Zarate, debido al paso de camiones de gran tonelaje. "Tuve seis entrevistas entre 2004 y 2006 con el aparejador Javier Argatxa y el concejal de Urbanismo, Juan Mari Lekerika, siempre con buenas palabras pero sin nada concreto. En 2006, les pedí una solución y el aparejador me dijo que podía delimitar el terreno con estacas".

El vecino solicitó la licencia de obras para ello el 3 de octubre de 2006. Ante la falta de respuesta, y amparándose en el silencio administrativo positivo, instaló 43 estacas en mayo de 2007. "La alcaldesa, que era la primera vez que daba la cara, apareció el primer día en la obra diciendo que no podía hacer nada. Después de dos horas, me dijo: 'Pues vale", rememora.

Cuando estaba a punto de finalizar la obra, la actual parlamentaria del PNV Arantza Aurrekoetxea, "que es la que que corta el bacalao en Zamudio", le dijo que "parara inmediatamente". "Vino a acojonarme, pero se fue como vino", añade Zarate.

Luego llegó el decreto de alcaldía y la orden de tirar las estacas, que llevaron a Zarate a presentar la denuncia en los juzgados. La junta municipal del PNV buzoneó dos veces por todo el pueblo octavillas defendiendo a la alcaldesa frente al vecino. "Ha sido muy duro, y todo porque el Ayuntamiento no actuó de oficio y ha querido favorecer a otro vecino", asegura Zarate, señalando a un hombre que labra la tierra en el terreno colindante, Ángel Aurre, "que tiene mucho peso aquí".

Zarate, quien además de lograr que se le repongan las estacas ha recibido una indemnización de 2.000 euros y 3.000 más por las costas procesales, cree que estos conflictos "pasan en muchos pueblos, pero no se denuncian". "Espero que con esto que me ha pasado se animen más", concluye.

En su sentencia firme que inhabilita a la alcaldesa hasta el 4 de febrero de 2020, la Audiencia desestima que haya sido un tema menor, porque se "tiene derecho a demandar que la actuación [pública] se ajuste a la legalidad".