El PP y CiU consiguen que el Senado apruebe la reforma de la ley de costas
El Partido Popular y CiU consiguieron ayer impulsar una reforma a la baja de la Ley de Costas, vigente sin apenas cambios desde 1988. El Senado aprobó dos proposiciones que ahora se debatirán en el Congreso, donde en otoño fracasó una votación similar por un solo voto en la Comisión de Medio Ambiente. Los partidos defienden que con su cambio quieren apoyar a pequeños propietarios en el litoral, mientras que los ecologistas insistieron en que este es un paso más, quizá el más firme, en contra de la protección de la costa.
PP y CiU defienden motivos distintos. El grupo catalán reclama en ...
El Partido Popular y CiU consiguieron ayer impulsar una reforma a la baja de la Ley de Costas, vigente sin apenas cambios desde 1988. El Senado aprobó dos proposiciones que ahora se debatirán en el Congreso, donde en otoño fracasó una votación similar por un solo voto en la Comisión de Medio Ambiente. Los partidos defienden que con su cambio quieren apoyar a pequeños propietarios en el litoral, mientras que los ecologistas insistieron en que este es un paso más, quizá el más firme, en contra de la protección de la costa.
PP y CiU defienden motivos distintos. El grupo catalán reclama en su proposición excluir de la aplicación de la ley lo que define como "ciudades navegables" y de las áreas urbanas consolidadas singulares por su "peculiaridad". Todas las que cita están en la costa catalana: la Marina d'Empuriabrava, Canales y Urbanización de Santa Margarida y la Playa de S'Abanell.
El PP sostiene que se ha llevado a cabo una "aplicación irregular" de la Ley de Costas, que ha dejado a miles de ciudadanos sin indemnización. El Gobierno ha sostenido que gana en la Audiencia Nacional y en el Supremo un 90% de los pleitos por costas (es raro el deslinde que no acabe en los tribunales). El Constitucional, además, avaló el sistema de expropiación que la ley prevé para las casas construida legalmente en la playa antes de 1988, que consiste en una concesión de uso durante 30 años ampliables a 60.
La proposición del PP permitiría a los propietarios mantener las casas en la playa y obligaría a indemnizarlos económicamente si el Estado decide derribar las casas.
Los ecologistas de Greenpeace y WWF criticaron que estos partidos plantean avanzar en la privatización del litoral, definido por la Constitución como dominio público. El Parlamento Europeo y las embajadas de Reino Unido y Alemania han criticado la ley por abusiva.
Aunque los socialistas votaron en contra, las dos iniciativas se aprobaron. La del PP por 127 votos a favor y 125 en contra; y la de CiU, por 136 a favor y 112 en contra, informa Efe.