La crisis eleva en un 30% las empresas que aplazan el pago de sus impuestos
La Hacienda guipuzcoana acepta en dos años demorar el abono de 442 millones
Las solicitudes de las empresas para aplazar el pago de sus obligaciones tributarias se han convertido en un termómetro muy preciso para evaluar los efectos que está teniendo la crisis en el conjunto del tejido productivo. El pasado ejercicio, el tercero del ciclo recesivo que comenzó en 2008, confirmó las dificultades que tuvieron que soportar las compañías para mantener vivos sus negocios, como se desprende de la "avalancha de peticiones" que recibieron las tres Haciendas para salir en auxilio de los problemas de liquidez de numerosas empresas, según explicó ayer el titular de esa cartera en...
Las solicitudes de las empresas para aplazar el pago de sus obligaciones tributarias se han convertido en un termómetro muy preciso para evaluar los efectos que está teniendo la crisis en el conjunto del tejido productivo. El pasado ejercicio, el tercero del ciclo recesivo que comenzó en 2008, confirmó las dificultades que tuvieron que soportar las compañías para mantener vivos sus negocios, como se desprende de la "avalancha de peticiones" que recibieron las tres Haciendas para salir en auxilio de los problemas de liquidez de numerosas empresas, según explicó ayer el titular de esa cartera en Guipúzcoa, Pello González. Solo en esta provincia, 5.704 sociedades pidieron en 2010 demorar el pago de sus impuestos, lo que supone un 30,7% más que un año antes. Casi una de cada cinco empresas del territorio -hay 28.000 censadas en el Impuesto de Sociedades- hizo uso de esta herramienta fiscal.
En toda Euskadi las peticiones de empresas suponen unos 700 millones
El Gobierno autoriza un endeudamiento de 1.187 millones, un 41,7% menos
Guipúzcoa recibió el año pasado un total de 16.543 solicitudes por un total de 214 millones de euros, a los que se suman otros 228,1 millones aplazados en el ejercicio anterior. De los 442,1 millones cuyo pagó aceptó que la Hacienda guipuzcoana posponer, todavía están pendientes de cobro 169,1 millones, que el departamento prevé recuperar íntegramente en 2013.
La Hacienda guipuzcoana ha constatado que en 2009 fueron principalmente las grandes compañías las que se acogieron a estas medidas adoptadas por las Diputaciones para flexibilizar el cobro de las deudas tributarias, mientras que desde el año pasado se recibieron más peticiones de pymes. De ahí que aumentara la cifra de empresas solicitantes y se redujera ligeramente el montante de la deuda aplazada.
González precisó que en Álava y Vizcaya se ha repetido el mismo fenómeno en 2010. Explicó que Vizcaya podría haber concedido aplazamientos por el doble de la deuda registrada en Guipúzcoa, y Álava por un tercio aproximadamente. Según estos cálculos, las empresas solicitaron demorar el pago de sus impuestos por unos 700 millones en el conjunto de Euskadi.
El titular del fisco guipuzcoano subrayó que las Haciendas se han convertido en "minibancos" para las empresas, que devuelven sus obligaciones tributarias en plazos más dilatados en el tiempo a un interés del 5%.
La evolución de este indicador económico permite apreciar algunos brotes verdes en el panorama empresarial, apuntó de su lado Pedro María Ruiz de Azúa, director de la Hacienda guipuzcoana. "La impresión es que mejora la situación", sentenció. Otra buena señal, apuntó González, es el cierre de la recaudación tributaria de 2010, que en Guipúzcoa supuso mejorar lo presupuestado en 57 millones (un 1,5% más). Pese a ello, el presupuesto propio de la Diputación sufrirá una merma de cuatro millones y el fondo para los Ayuntamientos se reducirá en "tres millones largos" sobre lo previsto.
A la tesis de la recuperación económica se suma también el hecho de que el Gobierno autonómico haya decidido reducir el endeudamiento para este año en casi un 42% con respecto al pasado ejercicio. El Ejecutivo aprobó ayer el decreto ley que autoriza un máximo de 1.187 millones de endeudamiento, como ya figura recogido en los presupuestos para este ejercicio.
Esa reducción adquiere especial relevancia en el contexto de polémica política suscitada en torno a las finanzas de las comunidades autónomas españolas, que por primera vez ha sobrepasado el 10% del PIB. El año pasado, el Ejecutivo autorizó 2.038 millones, de los que finalmente no fueron necesarios 100 millones. La previsión de mejora en la recaudación y el ahorro del 2,5% en el gasto corriente y el 3,4% en el de personal han contribuido a hacer posible esa significativa reducción.
El Gobierno autónomo es la Administración pública mejor situada en términos de deuda -un 6,7% del PIB-, no solo en comparación con el resto de las comunidades españolas, sino también entre las Administraciones vascas. El peso de la deuda pública en el presupuesto del Gabinete para este año asciende a 325 millones, el 3% del total de su presupuesto de gestión.