El Superior avala el recorte salarial a los empleados de las empresas públicas

El Gobierno ha salido bien librado de la primera batalla judicial en defensa del recorte salarial a todos los empleados del sector público, al lograr que el Superior no pregunte al Tribunal Constitucional sobre la aplicación en Euskadi de la rebaja de sueldos a la que le obliga el decreto ley del Ejecutivo central y dé por buena su actuación.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior ha dictado su primera sentencia sobre una demanda sindical contra este recorte salarial al personal de las empresas públicas. El fallo supone un importante revés a la pretensión sindical de dejar fuera de ...

El Gobierno ha salido bien librado de la primera batalla judicial en defensa del recorte salarial a todos los empleados del sector público, al lograr que el Superior no pregunte al Tribunal Constitucional sobre la aplicación en Euskadi de la rebaja de sueldos a la que le obliga el decreto ley del Ejecutivo central y dé por buena su actuación.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior ha dictado su primera sentencia sobre una demanda sindical contra este recorte salarial al personal de las empresas públicas. El fallo supone un importante revés a la pretensión sindical de dejar fuera de la rebaja a ese colectivo. La demanda fue interpuesta por los cuatro sindicatos presentes en el comité de empresa de ETB (ELA, CCOO, LAB y KLB) , que habían denunciado la conculcación de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la negociación colectiva, y habían pedido que se restituyeran las retribuciones pactadas en el convenio del ente audiovisual.

Un voto particular respalda que se elevase la cuestión al Constitucional

La Sala afirma que "no se ha cercenado un derecho fundamental", ni el que protege la negociación colectiva ni el sindical, y estima que el convenio se mantiene, aunque limitado por una ley, más elevada en la jerarquía normativa.

Con este pronunciamiento judicial el Gobierno gana en el supuesto que más dudas podía ofrecer, el del personal de las empresas públicas, ya que con más razones serían aplicables los recortes al personal laboral al servicio de los organismos y entes públicos de derecho privado , y, más aún, al personal laboral de las Administraciones en general. Se trata, en total, de un colectivo de 22.488 personas. La mayoría de ellas -cerca de 16.000- pertenecen a los organismos autónomos, entes y empresas públicas del Gobierno (8.838), las tres Diputaciones (2.888) y los Ayuntamientos (4.152). El revés jurídico y político y el quebranto económico que habría supuesto para las arcas públicas un pronunciamiento en sentido contrario resulta evidente.

El Superior se distancia así de lo que hasta ahora ha hecho la Audiencia Nacional, donde se han visto demandas similares planteadas en otros puntos de España, bien por tratarse de empresas de ámbito general, bien por tener centros de trabajo en más de una comunidad. En el caso vasco no se han considerado como tales las corresponsalías en Pamplona y Madrid. Las restantes demandas se han sustanciado en la elevación de las correspondientes cuestiones de inconstitucionalidad al máximo intérprete de la Carta Magna.

En Cataluña sí se ha registrado una sentencia, contraria a la reclamación sindical y favorable a la Generalitat, pero en ese caso se trataba de personal al servicio de la Administración, una figura que ofrecía menos dudas. En Euskadi, sin embargo, los sindicatos empezaron por tantear por el terreno más resbaladizo para el Gobierno, el de las empresas públicas.

Lo novedoso del pronunciamiento del Superior vasco es que, a diferencia de la Audiencia Nacional, sí ha entrado en el fondo de la cuestión y dictado sentencia, desestimando en este caso la demanda sindical.

Uno de los tres magistrados de la Sala, José Luis Asenjo, firma un voto particular con su desacuerdo, al considerar que existen al menos tres causas para haber actuado en el mismo sentido que la Audiencia Nacional y plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

La sentencia afecta en sentido estricto solo al personal de ETB (650 empleados), pero en breve la misma Sala fallará, previsiblemente en el mismo sentido, sobre la demanda relativa a EITB y a las sociedades de las radios públicas. Los sindicatos pueden ahora recurrir ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno se arriesgaba a demás a un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los propios presupuestos, tanto los de 2010, por el decreto que recogió su modificación para aplicar la rebaja salarial a partir de julio pasado, como los actuales. Este aval judicial al recorte llega cuando los empleados públicos han acusado más la rebaja, con la reducción de sus pagas de Navidad en un 30%.