Las Diputaciones anuncian otra inspección de las ayudas sociales
Al mismo tiempo que los Ayuntamientos más grandes se reunían anteayer con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, para conocer las novedades de la nueva normativa de las Ayudas de Emergencia Social (AES), que se limitarán a personas con un patrimonio inferior a 8.000 euros, las Diputaciones hacían lo propio, con la misma consejería y una ayuda diferente. Las instituciones forales se reunieron con el Ejecutivo para aclarar los cruces de datos sobre la Renta de Garantía de Ingresos, después de la polémica que han suscitado en las últimas semanas tras la propuesta de suspensión de 6.262 ayu...
Al mismo tiempo que los Ayuntamientos más grandes se reunían anteayer con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, para conocer las novedades de la nueva normativa de las Ayudas de Emergencia Social (AES), que se limitarán a personas con un patrimonio inferior a 8.000 euros, las Diputaciones hacían lo propio, con la misma consejería y una ayuda diferente. Las instituciones forales se reunieron con el Ejecutivo para aclarar los cruces de datos sobre la Renta de Garantía de Ingresos, después de la polémica que han suscitado en las últimas semanas tras la propuesta de suspensión de 6.262 ayudas por no cumplir con las obligaciones.
A lo largo del día de ayer trascendieron los contenidos de dicho encuentro, aunque fuentes del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se negó a confirmar las informaciones. La diputada alavesa de Política Social, Covadonga Solaguren, delimitó los expedientes que serán suspendidos en su provincia, 192 de los 1.157 que pedía el departamento. El concejal de Asuntos Sociales de Vitoria, Peio López de Munain aseguró hace días, contradiciendo a su alcalde, el socialista Patxi Lazcoz, que los problemas con los números se debían a las deficiencias de la base de datos foral.
Álava suspenderá 192 expedientes de los 1.157 que anunció el Gobierno
Solaguren repitió que ningún perceptor de la RGI dejará de recibir la ayuda en diciembre, después de que el Gobierno se echara atrás para cumplir con los plazos de suspensión establecidos por ley. Tanto ella como portavoces de la Diputación de Vizcaya aseguraron que el Gobierno realizará un nuevo cruce de datos a partir de la próxima semana. Fuentes vizcaínas explicaron a EL PAÍS que el nuevo análisis se hará en enero con los datos de diciembre, en vez de utilizar los de noviembre, los que propiciaron el anuncio de las 6.262 suspensiones. La consejería es la única que puede hacerlo porque tiene acceso a la información.
Portavoces oficiales del departamento rechazaron confirmar este extremo, dado a conocer por ambas instituciones forales. De ser así, los perceptores de la Renta de Garantía que no hayan cumplido con la obligación de estar dados de alta en los servicios de empleo tendrían la oportunidad de solventar, hasta hoy, la deficiencia y podrían evitar la suspensión. Esta oportunidad había sido rechazada en un principio por la consejería. En Vizcaya las oficinas del antiguo Inem cercanas a las de los servicios sociales de la capital registraban mayor actividad que en pasadas semanas.
Con el nuevo cruce, se incluirían nuevos criterios para evitar suspender temporalmente las ayudas a personas que no están inscritas en los servicios de empleo porque se encuentran en situaciones que les eximen de ello, como por ejemplo asistir a cursos de formación. El procedimiento se ampliaría más allá de enero, ya que las notificaciones de las suspensiones conllevan plazos para que los perceptores puedan explicarse. Ayer decenas de personas crearon una cadena humana para protestar contra la suspensión de ayudas.