Al rescate de la justicia
Pilar de la Oliva Marrades es la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y en su toma de posesión el lunes pasado formuló un compromiso muy pertinente y alentador. "Luchar, dijo, por una justicia mejor, más rápida y más eficaz". Qué menos se puede decir en tan solemne ocasión. Sin embargo, el prestigio y la experiencia que le avalan garantizan que pondrá en ello todo su empeño y que movilizará la colaboración del estamento judicial, en el que ya se percibe -o eso hemos pulsado- una muy positiva valoración del relevo en esa alta instancia. Pero más qu...
Pilar de la Oliva Marrades es la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y en su toma de posesión el lunes pasado formuló un compromiso muy pertinente y alentador. "Luchar, dijo, por una justicia mejor, más rápida y más eficaz". Qué menos se puede decir en tan solemne ocasión. Sin embargo, el prestigio y la experiencia que le avalan garantizan que pondrá en ello todo su empeño y que movilizará la colaboración del estamento judicial, en el que ya se percibe -o eso hemos pulsado- una muy positiva valoración del relevo en esa alta instancia. Pero más que eso necesitará para llevar a buen fin tan arduo propósito, pues son proverbiales los obstáculos a remover.
Por un lado, y como es sabido, la situación de la justicia valenciana en punto a la escasez de recursos materiales y personales es lamentable, por describirla sin dramatismo. A principios del año que acaba y a este respecto, el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, no se anduvo con melindres y calificó de "negro" el panorama como consecuencia de la falta de inversiones en plantillas y equipos informáticos, en contraste con el desbocado incremento de la actividad judicial a raíz de la crisis económica. El riesgo del colapso no era desdeñable. Juzgados hubo y hay que hasta sin folios ni presupuesto se quedaron. Añádase a ello los incumplimientos de la Generalitat para con la oficina judicial y la mortificante ruina en la que están sumidas las finanzas autonómicas, lo que quiere decir que poco o nada hay que esperar por ese lado para enmendar los déficit y aliviar sobrecargas de trabajo. "Estar a la altura de las circunstancias", como prometió la presidenta, requerirá verdadera abnegación.
De otro lado, o acaso como prolongación del mismo, la justicia valenciana, y el Tribunal Superior como su faro más visible, tendrá que emitir las señales adecuadas para recuperar el crédito perdido y contribuir en la mayor medida a sanear este clima generalizado de impunidad y hasta de cachondeo judicial -si se nos permite la ligereza- que se ha instalado en una Comunidad, como ésta, asolada por la corrupción y perpleja, cuando no escandalizada, por resoluciones pintorescas -cómo no evocar al "tribunal con encanto" presidido por Juan Luis de la Rúa-, juzgados convertidos en pasarelas de jueces y fiscales -¿cuántos de ellos han sorteado, eternizándolo, el embolado judicial del castellonense Carlos Fabra?-, o saqueos de los dineros públicos mediante tramas organizadas y gobernantes imputados de cohechos propios e impropios, activos o pasivos.
No debería encomendársele a los tribunales la función y responsabilidad que en buena parte concierne a los partidos políticos, especialmente a los mayoritarios y, en singular, al que viene siendo hegemónico -decimos del PP, obviamente-, convertido en una gusanera de corruptos. No es sorprendente que los ciudadanos los tengan en tan baja estima a la vista de cuán impotentes se muestran para disciplinar a tantos de sus miembros más notables, a no pocos de los cuales incluso amparan y hasta promueven a pesar de ser unos meros chorizos. En tales condiciones es lógico que la ciudadanía confíe en que, a pesar de los pesares, sean los jueces quienes restauren el imperio de la ley y nos protejan de esta prolongada cleptocracia. La nueva e intrépida presidenta del TSJ se ha puesto a ello.