Vizcaya se inclina por una gestión pública de los túneles de Artxanda
La Diputación encarga un informe antes de decidir
El futuro de los túneles de Artxanda pasa más por la gestión pública que la privada. La Diputación de Vizcaya ha encargado un informe para decidirse tras rescindir, en octubre, el contrato con la anterior adjudicataria, que ha dejado un agujero de 62,5 millones de euros en las arcas forales. Aunque en principio se pensó en volver a contratar con otra concesionaria, la Diputación se inclina ahora de forma preferente por un contrato de servicios bajo el control público.
La diputada de Obras Públicas, Itziar Garamendi, explicó ayer en las Juntas Generales el acuerdo de rescisión, ad...
El futuro de los túneles de Artxanda pasa más por la gestión pública que la privada. La Diputación de Vizcaya ha encargado un informe para decidirse tras rescindir, en octubre, el contrato con la anterior adjudicataria, que ha dejado un agujero de 62,5 millones de euros en las arcas forales. Aunque en principio se pensó en volver a contratar con otra concesionaria, la Diputación se inclina ahora de forma preferente por un contrato de servicios bajo el control público.
La diputada de Obras Públicas, Itziar Garamendi, explicó ayer en las Juntas Generales el acuerdo de rescisión, adelantado por este diario el 10 de noviembre. La liquidación supone el pago de 62,5 millones a la concesionaria, que se han anotado como deuda en los presupuestos de 2010 de la Diputación. De esa cifra, 61 millones corresponden al dinero que debía la adjudicataria a las entidades bancarias, y los 1,5 restantes completan la indemnización marcada por la concesión, que solo ha cumplido ocho de los 50 años previstos.
La oposición critica el pago de 3,3 millones a la actual concesionaria
Además, al acordarse un periodo transitorio de seis meses en los que la empresa sigue con el servicio, esta recibirá otros 3,3 millones, aunque los ingresos de los peajes, cinco millones para todo 2011, según calcula la Diputación, pasarán al ente foral.
El pago de estos 3,3 millones motivó la crítica de casi toda la oposición, que cuestionó por qué no asume ya la Diputación la gestión para ahorrarse ese dinero. El socialista Iñaki Egaña calificó la liquidación de "crónica de una muerte anunciada" y Jesús Isasi, del PP, remarcó que el servicio debe continuar "pero no a cualquier precio". Iosu Murgia, de Aralar, y José Ferrera, de EB, coincidieron en la "deficiente" gestión de una carretera que costó 105 millones de euros. La diputada foral enfatizó que se mantienen los 41 empleos y que se ha recurrido a una empresa especializada para que realiza un informe con el que "tener datos claros y fehacientes".