La comisión alavesa sobre el 'caso De Miguel' cita a 25 personas
La comisión de las Juntas Generales de Álava encargada de investigar la actuación de la Diputación y sus representantes en una de las ramas de la supuesta corrupción del denominado caso De Miguel ha solicitado la comparecencia de 25 personas. Su objetivo será clarificar la actuación del ente foral en la tramitación de la novena modificación de las normas subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento de Zambrana, proceso en que los representantes del Gobierno foral votaron en contra de los informes técnicos que consideraban inundables unos terrenos para supuestamente sacar adelante una g...
La comisión de las Juntas Generales de Álava encargada de investigar la actuación de la Diputación y sus representantes en una de las ramas de la supuesta corrupción del denominado caso De Miguel ha solicitado la comparecencia de 25 personas. Su objetivo será clarificar la actuación del ente foral en la tramitación de la novena modificación de las normas subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento de Zambrana, proceso en que los representantes del Gobierno foral votaron en contra de los informes técnicos que consideraban inundables unos terrenos para supuestamente sacar adelante una gran recalificación de terrenos que terminó suspendida.
La comisión arrancará con la comparecencia de los cargos forales que votaron en contra de los informes técnicos en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco: Iñaki Nafarrate, actual diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial tras el cese de De Miguel y entonces director del departamento, e Izaskun Martínez de Lahidalga, directora de Administración Local. Nafarrate declarará ante la comisión el próximo 10 de enero.
Las comparecencias arrancarán el 10 de enero próximo con Iñaki Nafarrate
También figuran dos representantes de Sidepur, la compañía contratada por la entonces alcaldesa del municipio, la peneuvista Justina Angulo, para impulsar el desarrollo urbanístico del pueblo. Uno de ellos es Iosu Arruti, vinculado al PNV.
La comisión cita también al responsable de Riera Urbanizer, que se gastó millones de euros en opciones de compra de los terrenos que supuestamente iban a ser recalificados. En algún momento, se planteó que se ubicase allí una entral de ciclo combinado, pero la instalación terminó en Lantarón. El peneuvista Jon Buesa también está citado.
A ellos se suma la entonces viceconsejera de Ordenación del Territorio y Aguas, Ana Isabel Oregui, y varios cargos del Gobierno implicados en el proceso. El Departamento de Medio Ambiente, dirigido entonces por EA, votó a favor de los informes que sostenían que los terrenos no eran aptos. El actual viceconsejero de Ordenación del Territorio, Ignacio Achucarro, también irá.
La comisión solicitará información a las Haciendas forales y la Seguridad Social sobre las empresas Kataia Consulting, Sidepur y Riera Urbanizer. No está citado Alfredo de Miguel, aunque la lista podría ser ampliada.