Emarsa pagó 4,5 millones en material informático y sólo tenía 30 ordenadores
Otra empresa que nunca trabajó para la depuradora cobró 850.000 euros
La depuradora de Pinedo era un pozo sin fondo. La empresa pública Emarsa, que la gestionaba y que ha sido disuelta al tiempo que la investigan la fiscalía y el Tribunal de Cuentas, revela cada día una irregularidad más llamativa que la anterior. El pasado día 5 de octubre, por ejemplo, responsables de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), el organismo público propietario de la depuradora controlado por el PP, levantaban acta de comprobación de las facturas presentadas por dos empresas informáticas, las mercantiles Microprocesadores Valencia, SL, y Sofitec Informática, SL, ...
La depuradora de Pinedo era un pozo sin fondo. La empresa pública Emarsa, que la gestionaba y que ha sido disuelta al tiempo que la investigan la fiscalía y el Tribunal de Cuentas, revela cada día una irregularidad más llamativa que la anterior. El pasado día 5 de octubre, por ejemplo, responsables de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), el organismo público propietario de la depuradora controlado por el PP, levantaban acta de comprobación de las facturas presentadas por dos empresas informáticas, las mercantiles Microprocesadores Valencia, SL, y Sofitec Informática, SL, propiedad ambas de Sebastián García Martínez, adjudicatario del mantenimiento informático de Emarsa.
Ambas empresas exigían el pago de facturas por valor de 421.541 euros por unos suministros de material que tasadores independientes valoraron en 30.000 euros. El propio García Martínez reconocía que podía haber cosas facturadas por error, y lo atribuía a la administrativa de su empresa, "que confunde los conceptos". Minutos antes, el que fuera gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, un hombre del PP de Valencia que fue alcalde pedáneo de Benimàmet con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ausentaba de la reunión con el argumento de que "no comprobaba la efectiva existencia de los suministros que figuran en las facturas" y que firmaba las facturas si venían conformadas por otros departamentos. Cuesta consideraba innecesaria, por tanto, su presencia en la visita de inspección.
Lo curioso es que Cuesta tenía firma única para disponer de los fondos de la empresa pública. Una empresa que a lo largo de siete años pagó 4,5 millones de euros a Microprocesadores Valencia y Sofitec Informática cuando Emarsa, como comprobaron los inspectores, disponía sólo de 30 ordenadores. Más curioso resulta que dos empresas de la hermana de García Martínez facturaran otros 4,4 millones en mantenimiento. Una de ellas, que jamás trabajó para Emarsa, facturó 850.000 euros.La revisión de las irregularidades en las cuentas de Emarsa que han hecho los socialistas revela que la empresa Construcciones Rocafort, propiedad de María Paz García Martínez, facturó de 2005 a 2010 un total de 3,4 millones de euros. Otra empresa de la misma propietaria, Mantenimientos Valmasmark, SL, empezó a facturar en 2008 a la sociedad que gestionaba la depuradora de Pinedo y en 2010 la cantidad ya asciende a 846.614 euros. Tal cantidad no obedece a trabajo ejecutados.
Como recoge el acta de una reunión de inspección celebrada el 28 de septiembre para comprobar facturas por valor de 281.464 euros que Valmasmark pretendía cobrar, y a la que no asistió representante alguno de la mencionada empresa, el jefe de mantenimiento de Emarsa aseguró que "no conoce a la citada empresa y que nunca ha visto ninguna de las facturas que se le exhiben". El responsable de mantenimiento manifestó "de forma fehaciente que los trabajos no se pueden comprobar, puesto que nunca han sido realizados", y añadió que nunca ha visto a nadie de Valmasmark en Emarsa.
Algo parecido ocurrió ese mismo día con facturas de Construcciones Rocafort por importe de 413.437 euros. Tampoco compareció representante alguno de la empresa y el jefe de mantenimiento de Emarsa, Juan José Sánchez Gallach, manifestó que no había visto "ninguna de las facturas correspondientes a ninguna de las obras", que incluían materiales y trabajos de pintura, entre otras cosas. Añadió que "cuando había que hacer una reparación, Emarsa ponía los materiales y los medios mecánicos y Construcciones Rocafort sólo proveía la mano de obra de un oficial y un peón".
Así las cosas, según las cuentas del grupo socialista en el EMSHI, la empresa pública Emarsa, que presidía el alcalde de Manises, Enrique Crespo, del PP, habría pagado a las sociedades de los hermanos García Martínez cerca de 9 millones de euros, en algunos casos por trabajos no ejecutados y en otros por facturas que superan con mucho los materiales aportados. El PSPV-PSOE destaca que 85 de los 179 votos de la asamblea del EMSHI coresponden al Ayuntamiento de Valencia y que Crespo y Cuesta, cuya gestión denuncian, ocupaban la presidencia y la gerencia de Emarsa.
Ayer mismo, Enrique Crespo acusó al PSPV en un comunicado de no tener "vergüenza política" por sus denuncias públicas y señaló que el socialista Ramón Marí, como vicepresidente primero de Emarsa, es responsable "de las decisiones tomadas y ratificadas por el consejo de administración, en el que están representados todos los grupos". Según Crespo, ha sido el EMSHI el que ha decidido la liquidación de Emarsa y la investigación interna, así como trasladar toda la información a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas.
Los socialistas, sin embargo, recuerdan que Ramón Marí y sus representantes "llevan años denunciando irregularidades y votando en contra de las cuentas anuales". También señalan que fue iniciativa suya pedir la intervención de la Fiscalía de Valencia.