Los 'ertzainas' del 'caso Tellería' accedían en su unidad a datos judiciales de espiados
La mayoría de los investigados estaban amenazados y disponían de vigilancia
Los ertzainas Carlos Lau y Jesús Acha aprovechaban su pertenencia a la unidad de información antiterrorista para suministrar datos particulares a Aitor Tellería sobre centenares de personas radicadas en Vitoria, entre los que figuraban los relativos a aspectos judiciales. En definitiva, les bastaba con duplicar la información obtenida en el desarrollo de su propio trabajo para, posteriormente, incluirla en los informes que periódicamente suministraban al entonces burukide alavés del PNV.
En su condición de miembros de la unidad de información antiterrorista, cada uno de sus compo...
Los ertzainas Carlos Lau y Jesús Acha aprovechaban su pertenencia a la unidad de información antiterrorista para suministrar datos particulares a Aitor Tellería sobre centenares de personas radicadas en Vitoria, entre los que figuraban los relativos a aspectos judiciales. En definitiva, les bastaba con duplicar la información obtenida en el desarrollo de su propio trabajo para, posteriormente, incluirla en los informes que periódicamente suministraban al entonces burukide alavés del PNV.
En su condición de miembros de la unidad de información antiterrorista, cada uno de sus componentes -como ocurre con los dos imputados en el denominado caso Tellería- tienen libre acceso a "todo tipo de detalles que consideren fundamental para el cumplimiento de su trabajo", según ha confirmado a este periódico un responsable de la Ertzaintza. Cada servicio de vigilancia debe de rellenar, además, un informe en el que se contiene todos los aspectos relativos al trabajo que efectúa y a las consideraciones que entienda convenientes sobre la persona amenazada.
Lau y Acha tenían acceso al cruce de otras informaciones sobre los espiados
De hecho, el trabajo derivado de la propia vigilancia de una persona amenazada es una fuente suministradora de todo tipo de datos que se "consideren necesarios" para cumplimentar adecuadamente este servicio. "El informe de todo amenazado contiene los datos que las personas encargadas de su vigilancia han visto como fundamentales para que el servicio sea lo más adecuado posible", añadió la misma fuente.
Como adelantó EL PAÍS en su edición del pasado domingo, dos empresarios alaveses espiados por la red que supuestamente habían tejido Lau y Acha comprobaron personalmente durante su declaración en la Audiencia de Álava, el pasado verano, que en sus respectivos informes aparecían detalles relativos a casos judiciales en los que se vieron inmersos hace varios años, con una referencia clave del juzgado que se había encargado de su instrucción. De hecho, los dos espiados manifestaron su preocupación inicial por la violación de estos datos personales. No obstante, según ha podido comprobar este diario, el acceso al registro de todo tipo de casos judiciales está "plenamente permitido" para quienes se encargan de labores antiterroristas sin que necesiten de permisos previos. "En esta unidad se dispone de acceso no sólo a este tipo de datos, sino a aquellos que se puedan entender imprescindibles para mejorar el servicio de vigilancia que se está prestando a un amenazado".
No obstante, los dos ertzainas relacionados con Tellería, en cuyo ordenador de empresa fueron localizadas 425 fichas sobre personas espiadas, principalmente en Vitoria, aprovecharon indebidamente la información a la que tenían libre acceso sobre varios amenazados y a quienes Interior prestaba un servicio de vigilancia. A su vez, también disponían de un acceso inmediato al cruce de información sobre las personas de Vitoria a quienes estaban espiando ya que en la mayoría de los casos se trataba de cargos políticos y económicos amenazados y, por tanto, dotados de un servicio de vigilancia.
La investigación sobre el caso Tellería está bajo secreto de sumario. Estas diligencias se abrieron mientras se instruía el caso De Miguel, relacionado con una supuesta red de tráfico de influencias.