Por sentido común
Europa considera abusivo que España cobre el canon digital a empresas y Administraciones
El Tribunal Europeo ha dictaminado que el canon digital se gestiona de forma abusiva en España porque se cobra "indiscriminadamente". El fallo responde a una cuestión presentada formalmente por la Audiencia Provincial de Barcelona, que juzgaba la disputa entre una empresa de informática, distribuidora de CD, DVD y reproductores MP3, y la SGAE, que le reclamaba más de 16.000 euros por este concepto.
El canon, según la normativa española, se cobra al comprar determinados equipos o soportes de almacenamiento para compensar a los propietarios de derechos de una obra por la copia privada que...
El Tribunal Europeo ha dictaminado que el canon digital se gestiona de forma abusiva en España porque se cobra "indiscriminadamente". El fallo responde a una cuestión presentada formalmente por la Audiencia Provincial de Barcelona, que juzgaba la disputa entre una empresa de informática, distribuidora de CD, DVD y reproductores MP3, y la SGAE, que le reclamaba más de 16.000 euros por este concepto.
El canon, según la normativa española, se cobra al comprar determinados equipos o soportes de almacenamiento para compensar a los propietarios de derechos de una obra por la copia privada que lícitamente puede hacer el comprador de la misma para su uso particular. No está pensado para restituir a aquellos del perjuicio que causa la piratería. Curiosamente, las mismas sociedades de gestión, que siempre han insistido en este detalle para evitar que el pago del canon digital se entendiera como una manera de legitimar las descargas gratuitas, han defendido su cobro indiscriminado, tanto a particulares como a empresas o administraciones.
La Ley de Propiedad Intelectual española contempla alguna excepción que el Gobierno pueda ampliar. Se hizo en 1992, pero nunca más. Y ello a pesar de que existiese la certeza de que un tipo de compradores no iba a emplear los soportes para realizar copias privadas. Europa considera que solo los particulares deben pagarlo porque se presume lícitamente, sin necesidad de verificarlo, que lo van a destinar a la grabación de una copia privada. Pero esta misma presunción no puede aplicarse a empresas o Administraciones públicas.
El canon se introdujo en España en 1987 y se amplió a una serie de soportes digitales. En contra del sentido común, las sociedades de gestión y el Gobierno apoyaron que su cobro fuera universal. El afán recaudatorio se sobrepuso a la lógica. Los ingresos obtenidos por la SGAE en 2009 por este concepto superaron por primera vez a los que provenían de la venta de discos y DVD. La ministra de Cultura ha dicho que "buscará una alternativa junto a otros países europeos afectados". Un trabajo que se podría haber ahorrado si se hubiera atendido en su día a las voces sensatas que subrayaban la injusticia de este recargo indiscriminado. La satisfacción de las sociedades de gestión porque Europa no declare "ilegal" el canon español no es el caso. Lo que estaba a debate es si el canon por copia privada se aplica de forma abusiva. Y el Tribunal Europeo lo ha dejado claro.