La "reconquista" de las corridas
Al tiempo que han asistido con estupor al blindaje de los correbous, los colectivos que defienden las corridas de toros, perdedores en julio cuando el Parlamento catalán aprobó la prohibición de la fiesta, preparan "la reconquista". La expresión es del biólogo Jaume Josa, que compareció como experto durante la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Los taurinos utilizarán las dos vías que están en sus manos para que Cataluña recupere las corridas: el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, explica el portavoz de la Plataforma por la Difusión de l...
Al tiempo que han asistido con estupor al blindaje de los correbous, los colectivos que defienden las corridas de toros, perdedores en julio cuando el Parlamento catalán aprobó la prohibición de la fiesta, preparan "la reconquista". La expresión es del biólogo Jaume Josa, que compareció como experto durante la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Los taurinos utilizarán las dos vías que están en sus manos para que Cataluña recupere las corridas: el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, explica el portavoz de la Plataforma por la Difusión de la Fiesta en Cataluña, Luis Corrales.
Corrales recuerda que un recurso al Constitucional lo puede presentar el presidente del Gobierno, una comunidad autónoma, el Defensor del Pueblo -a quien instarán a hacerlo- o 50 diputados o senadores. La Plataforma, pues, junto a la Mesa del Toro, la Federación de Entidades Taurinas, diputados de los partidos que apoyaron las corridas y los empresarios de la plaza de toros Monumental están recabando apoyos para presentar el recurso. "Queremos que sea un recurso transversal, apoyado por diputados de todos los partidos, que no sea de nuevo el Partido Popular quien recurre una decisión del Parlamento catalán", explica Corrales. Otra cuestión será el argumentario jurídico, que basarán en parte en el voto particular de uno de los integrantes del Consejo de Garantías Estatutarias catalán, que se pronunció durante la tramitación de la ILP y "consideró la abolición una extralimitación". "Los parlamentos están para regular, no para prohibir", opina Corrales.