La nueva ley agroalimentaria refuerza los controles
El Gobierno andaluz va a reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria con el fin de garantizar la máxima calidad a los consumidores, al tiempo que se potenciará la lucha contra el fraude. Esos van a ser los principales ejes del proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que unifica la normativa sobre esta materia y la adapta al marco legislativo estatal y europeo.
La nueva ley, que afectará a más de 6.800 empresas agroalimentarias de la comunidad, fija sistemas de control que vinculan tanto a los operador...
El Gobierno andaluz va a reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria con el fin de garantizar la máxima calidad a los consumidores, al tiempo que se potenciará la lucha contra el fraude. Esos van a ser los principales ejes del proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que unifica la normativa sobre esta materia y la adapta al marco legislativo estatal y europeo.
La nueva ley, que afectará a más de 6.800 empresas agroalimentarias de la comunidad, fija sistemas de control que vinculan tanto a los operadores (productores industriales, transformadores y comercializadores) como a la Administración. Los primeros deberán tener en cuenta la trazabilidad de los productos, es decir, la identificación desde su origen hasta que llegan al consumidor, garantizar la veracidad y exactitud de las informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, y disponer de mecanismos de reclamaciones y retirada de productos. A la Administración le corresponderá verificar las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada. Además, los productos agroalimentarios deberán contar con certificados de calidad comercial emitidos por organismos independientes.
Otra novedad de la nueva normativa será que los consejos reguladores de las figuras de protección pasan a configurarse como corporaciones de derecho público, frente a la actual dependencia respecto de la Consejería de Agricultura y Pesca, que ahora sólo ejercerá funciones de tutela.