El juez ordena que el 'caso Marta' lo juzgue un tribunal profesional
El magistrado cree que Carcaño mató a la joven para ocultar la violación
El debate sobre quién debía juzgar el caso Marta del Castillo (si un jurado popular o uno profesional) parecía zanjado a favor de los que defendían que fuera un tribunal ciudadano. Así lo decidió hace meses el juez instructor de la causa, Francisco de Asís Molina, que en abril envió los 25 tomos de sumario al Tribunal del Jurado para que se celebrase el juicio oral por la violación y muerte de la joven sevillana. Pero un auto dictado el pasado 13 de agosto por el juez que debía presidir el jurado popular y que ahora se ha notificado a las partes ordena que el caso pase a un tribunal pro...
El debate sobre quién debía juzgar el caso Marta del Castillo (si un jurado popular o uno profesional) parecía zanjado a favor de los que defendían que fuera un tribunal ciudadano. Así lo decidió hace meses el juez instructor de la causa, Francisco de Asís Molina, que en abril envió los 25 tomos de sumario al Tribunal del Jurado para que se celebrase el juicio oral por la violación y muerte de la joven sevillana. Pero un auto dictado el pasado 13 de agosto por el juez que debía presidir el jurado popular y que ahora se ha notificado a las partes ordena que el caso pase a un tribunal profesional.
El magistrado Javier González, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y que el 30 de julio fue designado para presidir el jurado popular del caso Marta del Castillo, apoya su escrito en el acuerdo alcanzado a principios de este año por el Tribunal Supremo para dirimir casos que, como éste, generen dudas sobre quién debe juzgarlos. Según aquel acuerdo, cuando se imputen a un acusado varios delitos conectados entre sí y alguno sea competencia del jurado popular, la decisión se tomará en función de cuál fue el objetivo principal del acusado.
La familia de la joven anuncia que recurrirá la decisión ante el TSJA
A Miguel Carcaño, el principal inculpado en el caso Marta, se le acusa de violar y asesinar a la joven el 24 de enero de 2009. Desde el principio de la instrucción, Carcaño ha dado muestras de intentar que el caso, que conmocionó a la opinión pública, lo juzgue un tribunal profesional y no uno popular. El propio acusado reconoció que cambió su primera versión de los hechos (en la que sólo confesó haber matado a la joven) y admitió la violación para esquivar al jurado ciudadano. Las agresiones sexuales son competencia de un juez profesional y el asesinato de un tribunal popular, por lo que, según el acuerdo del Supremo, hay que saber cuál era el principal móvil de Carcaño para decidir quién debe enjuiciarlo. Si el primer objetivo de Carcaño era matar a Marta, sería competencia de un jurado ciudadano. Pero el magistrado Javier González cree que el joven violó a la joven en compañía del menor Javier G., El Cuco, y que ambos decidieron después matarla y ocultar el cuerpo para impedir que se descubriera su delito. Según esta interpretación, el caso es competencia de un tribunal profesional.
El magistrado advierte en su auto que son los propios relatos del abogado de la familia de la víctima y del fiscal los que "no suscitan ninguna duda" acerca de que el objetivo principal de Carcaño era la violación. El juez recuerda que la acusación particular imputa a los principales acusados haber acabado con la vida de la joven "para impedir que pudieran ser descubiertos los hechos que acababan de llevar a cabo", es decir, las agresiones sexuales. El fiscal, por su parte, argumentó que tras la violación y el asesinato, los acusados comenzaron "a limpiar sangre y demás vestigios que allí habían quedado". El magistrado González señala que estos restos de sangre, según el relato del propio fiscal, no podían provenir de la muerte de la joven, "que fue por asfixia, sino de las previas agresiones sexuales".
El nuevo giro del caso supondrá con toda seguridad un nuevo retraso en la causa, en la que también están acusados el hermano de Carcaño, Javier Delgado; su novia, María García; y su amigo Samuel Benítez. La familia de la víctima ya anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la decisión del juez González.